Honduras mantiene un compromiso financiero significativo con Venezuela que, pese a la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, no ha sido anulado ni modificado automáticamente por el cambio político en ese país sudamericano.

Datos oficiales indican que la deuda pendiente de Honduras con Venezuela ascendía a alrededor de 80.1 millones de dólares a febrero de 2023, derivada de créditos obtenidos principalmente durante la administración del expresidente Manuel Zelaya a través de programas como Petrocaribe y préstamos bilaterales gestionados con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).

Esa obligación financiera se desglosa en aproximadamente 55.4 millones de dólares vinculados a Petrocaribe un mecanismo que permitió recibir combustibles con pago a plazo y alrededor de 24.7 millones por la línea de crédito con Bandes.

Aunque el gobierno hondureño y representantes venezolanos habían acordado verbalmente que parte de los pagos realizados por Honduras podrían reinvertirse en proyectos sociales en territorio hondureño, esa negociación no formaba parte de un marco legal formal y su continuidad ahora enfrenta incertidumbre tras la captura de Maduro por fuerzas de Estados Unidos.

Las cifras reflejan saldos acumulados de compromisos asumidos desde 2008, cuando se contrajo inicialmente un monto superior a los 140 millones de dólares en créditos con instituciones venezolanas, de los cuales una parte fue transferida a entidades financieras privadas como acreedor secundario.

Fuentes del sector financiero hondureño señalan que, a pesar de los acontecimientos políticos en Venezuela, la deuda sigue vigente bajo las cláusulas contractuales originales y que su vencimiento está previsto para años futuros, con pagos anuales pactados que incluyen capital e intereses.

Expertos en economía internacional consideran que la captura de Maduro y la crisis de deuda venezolana a nivel global complican el panorama de los compromisos externos de ambos países, aunque esto no implica la cancelación automática de obligaciones bilaterales existentes.

En el caso de Venezuela, los pasivos externos del Estado y sus empresas públicas superan ampliamente los compromisos con países de la región, reflejando una prolongada crisis de pago y reestructuración.

En Honduras, las autoridades de Finanzas han reiterado la responsabilidad de cumplir con los compromisos asumidos históricamente, aunque también han manifestado interés en explorar mecanismos para reperfilamiento o acuerdos que reduzcan el impacto fiscal para el país. Sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado una solución formal que modifique los términos de la deuda con Venezuela.

El contexto de esta obligación financiera se enmarca en una relación bilateral que ha oscilado entre alianzas políticas y tensiones económicas, y ahora enfrenta un nuevo capítulo tras los cambios recientes en la dirigencia venezolana y las repercusiones que estos podrían tener en acuerdos internacionales preexistentes.