El Ejecutivo de Honduras anunció una revisión profunda del Presupuesto General de la República para el año 2026, después de que el proyecto original fuera señalado como “insostenible” debido a cifras infladas y a una realidad de recaudación tributaria menor que la prevista, dijeron altos funcionarios del Gobierno.

Durante una reunión del Consejo de Ministros, encabezada por el presidente Nasry Asfura, se aprobó una reestructuración del aparato estatal que será la base para elaborar un documento ajustado del presupuesto antes de enviarlo al Congreso Nacional para su análisis y aprobación legislativa.

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, explicó que el proyecto inicialmente aprobado en septiembre de 2025 tenía un monto estimado de L 469 mil millones, pero al enfrentar la realidad de la recaudación y las necesidades financieras del país, será reformulado para rondar los L 430 mil millones, casi L 39000 millones menos que la cifra anterior.

Según las autoridades, el ajuste busca reforzar la disciplina fiscal y alinear mejor las proyecciones de ingresos con las obligaciones del Estado, además de contener el crecimiento del gasto público y optimizar el uso de recursos disponibles.

Dentro de las medidas que acompañan esta revisión, el Ejecutivo incluyó una racionalización de estructuras del sector público, lo que implica reducciones, fusiones y supresión de algunas secretarías y dependencias que tenían funciones duplicadas.

También se anunció la eliminación de gastos considerados no esenciales, como alquileres de vehículos blindados y arrendamientos de edificios.

El secretario de Comunicación, José Argueta, indicó que estas reformas permitirán un ahorro estimado de L 600 millones mensuales, lo que equivale a unos L 7500 millones al año, y que los ajustes contribuirán a fortalecer áreas prioritarias como infraestructura, salud y seguridad.

El Gobierno ha dado un plazo de dos semanas a cada ministerio para que presente informes detallados sobre la situación financiera y operativa de sus carteras, con el fin de integrar esos datos en el nuevo proyecto presupuestario.

Este movimiento ocurre en un contexto de esfuerzos por estabilizar las finanzas públicas, mejorar la eficiencia del gasto estatal y responder a críticas sobre la sostenibilidad fiscal del país, mientras las autoridades buscan equilibrio entre las restricciones del gasto y las demandas sociales de financiamiento de servicios públicos.