Gobierno no creará comisión de transición antes de la entrega de mando
27 de diciembre de 2025
En un giro inesperado dentro del proceso de transición de poder tras las elecciones generales de noviembre de 2025, el Gobierno de Honduras anunció que no conformará una comisión oficial de transición para apoyar al presidente electo, Nasry “Tito” Asfura, a pesar de la proximidad de la fecha de entrega del mando. Esta declaración fue confirmada por autoridades del actual gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre) en un comunicado difundido este viernes.
La salida del poder del presidente saliente y su equipo está programada para el 27 de enero de 2026, cuando Asfura jurará como nuevo mandatario tras ser proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, no se constituirá una estructura formal conjunta de trabajo entre el gobierno saliente y el entrante, como suele hacerse en procesos administrativos ordenados, según explicó Gilberto Ríos, director del Fondo Social de la Vivienda y miembro del equipo oficialista.
Según Ríos, cada ministerio, entidad gubernamental y dirección institucional “hará lo que corresponde” de manera independiente para garantizar el traspaso de funciones, sin la necesidad de establecer una comisión mixta. El funcionario enfatizó que la idea de conformar una comisión representativa de institucionalidad “no se considera necesaria” y hasta resultaría, en su opinión, ofensiva para algunos sectores del país.
El argumento ofrecido por representantes del gobierno en funciones plantea que el proceso de transición se llevará a cabo entre las partes interesadas a nivel de cada dependencia, en vez de centralizar la coordinación en una comisión específica. Esta decisión, dijeron, responde a una visión de eficiencia individual y de respeto a las responsabilidades de cada dirección pública, aunque analistas y expertos han señalado que esta modalidad podría generar confusión y falta de coherencia en la entrega de información detallada sobre proyectos, recursos y compromisos vigentes.
Especialistas en administración pública han advertido que una transición sin una comisión formal puede implicar vacíos en la transferencia de conocimiento institucional, especialmente en áreas críticas como finanzas, seguridad, inversiones internacionales y seguimiento de programas sociales. Además, ante la ausencia de una normativa electoral o administrativa que obligue a la creación de comisiones, el traspaso queda sujeto a la voluntad política de las partes.
En este contexto, observadores han llamado a que la transición se realice con transparencia y supervisión de entes contralores, como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Procuraduría General de la República (PGR), para que la ciudadanía pueda monitorear el proceso y evitar irregularidades en la documentación y entrega de activos y responsabilidades administrativas.
La decisión se produce en medio de un ambiente político todavía sensible, tras un largo conteo de votos y una elección presidencial ajustada que enfrentó denuncias e impugnaciones.
Asfura, candidato del Partido Nacional, fue proclamado presidente electo semanas después de las elecciones, en medio de reclamos de fraude y presiones de distintos sectores.
Con menos de un mes para la toma de posesión, el nuevo gobierno y el actual todavía tienen por delante un calendario apretado para organizar la entrega de responsabilidades, definir los equipos del próximo gabinete y asegurar una transición que no afecte la gestión de servicios públicos ni la estabilidad institucional en Honduras.
