Gobierno impulsa nuevas leyes contra sobornos y compras estatales
5 de febrero de 2026
El Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, informó este jueves que el Gobierno hondureño continúa avanzando en la redacción de dos importantes normas legales: una nueva Ley de Contratación del Estado y una Ley Antisoborno, con el objetivo de reforzar los mecanismos de transparencia y combatir la corrupción en los procesos públicos de compras y contratación.
Aspra explicó que estos proyectos forman parte de un conjunto de reformas orientadas a mejorar la gobernanza y la integridad institucional del país. Entre los cambios más significativos está la transformación de la actual Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) en una Dirección Nacional de Compras y Contrataciones con autonomía funcional, administrativa y financiera, lo cual permitiría establecer políticas claras y obligatorias para todos los entes públicos.
La idea detrás de estas iniciativas es modernizar el marco jurídico que rige las compras del Estado, evitando lagunas en la normativa que puedan ser aprovechadas para prácticas irregulares o actos de corrupción. Las mesas de trabajo que impulsan estas normas integran personal técnico de la Procuraduría, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Secretaría de Finanzas, quienes revisan y afinan los contenidos para que sean efectivos y aplicables.
El Procurador detalló que la Ley Antisoborno está próxima a completarse y podría estar lista incluso antes del fin de semana, pues ese documento pretende regular todas las contrataciones estatales y establecer medidas preventivas y sancionatorias claras contra actos ilícitos vinculados con sobornos y prácticas corruptas.
Ambas leyes se plantean como parte de una estrategia más amplia de transparencia, con la cual el gobierno aspira a mejorar la percepción internacional de Honduras en materia de lucha anticorrupción y a recuperar el acceso a programas de cooperación internacional de los cuales actualmente estaría excluido por la visión negativa que se tiene del país en esta materia.
La iniciativa ocurre en un contexto donde expertos y organizaciones sociales han señalado que una reforma legal robusta es necesaria, pero por sí sola no basta para erradicar prácticas corruptas profundas, por lo que consideran que debe ir acompañada de mecanismos de control efectivos, sanciones claras y mayor supervisión ciudadana e institucional.
El impulso de estas normas se suma a otros esfuerzos del actual gobierno para redefinir la arquitectura institucional contra la corrupción, en el marco de compromisos con organismos internacionales y los compromisos adquiridos con actores nacionales para fortalecer la gobernabilidad y el empleo de recursos públicos.
