El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, denunció un posible fraude electoral derivado de la retención masiva y falta de entrega de documentos nacionales de identidad (DNI) a miles de hondureños residentes en el extranjero, situación que —según advirtió— podría limitar su participación en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 y abrir espacio a irregularidades en el uso de datos personales.

Flores explicó que desde 2019 la fundación ha venido alertando sobre la exclusión de la comunidad migrante en el proceso de emisión del nuevo DNI, tras la firma del convenio entre la Cancillería, el Registro Nacional de las Personas (RNP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que los hondureños en el exterior no fueron incluidos en la planificación ni en la supervisión del proyecto.

Como consecuencia, la organización ha documentado casos de retención prolongada de documentos en los consulados hondureños, algunos desde hace varios años. Según los registros de la fundación, en 2024 se detectaron más de 300 mil DNIs retenidos, cifra que el Gobierno redujo a 250 mil, aunque en lo que va de 2025 ya se habrían acumulado más de 100 mil trámites pendientes, muchos de ellos impresos y enviados a Cancillería, pero nunca entregados a sus solicitantes.

El dirigente advirtió que existen casos de ciudadanos que hicieron cambios domiciliarios y pagaron sus trámites en consulados móviles, pero que aún figuran como votantes activos en Honduras, lo cual —asegura— podría facilitar la manipulación del padrón y el uso indebido de identidades durante el proceso electoral.

“Lo que nos preocupa es que puedan utilizar nuestra información en un posible fraude electoral, pero en Honduras, no aquí en Estados Unidos. Este es el peligro, y por eso estamos alertando a la comunidad internacional y al pueblo hondureño”, manifestó Flores en declaraciones televisivas.

El presidente de la Fundación también señaló la existencia de una “estrategia maliciosa” para desalentar a los connacionales a tramitar su documento, destacando que mientras el pasaporte se entrega de inmediato, el DNI puede tardar entre seis meses y un año, lo que representa un obstáculo adicional para los migrantes.

Flores argumentó que esta demora implica costos económicos, pérdida de jornadas laborales y riesgo de detención migratoria, factores que han reducido el interés de los hondureños en acudir nuevamente a los consulados.

Asimismo, acusó que la interconexión entre la Cancillería, el Instituto Nacional de Migración y el RNP permite identificar con precisión quiénes poseen su identificación y quiénes no, concentrando información sensible en manos de exfuncionarios y actuales autoridades.

“Ha habido una estrategia para que los hondureños en el extranjero no tengan acceso real a su identificación, y entre esas víctimas me encuentro yo también”, afirmó el líder de la Fundación.

Flores concluyó que la falta de entrega del DNI no solo representa una violación a los derechos civiles y políticos, sino que además excluye a miles de compatriotas del proceso democrático, al depender de instituciones que —según dijo— responden al Ejecutivo y carecen de independencia operativa.