En respuesta a las denuncias sobre fallas en la logística del proceso electoral primario, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) llevó a cabo una intervención en la unidad de Compras del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta acción forma parte de las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público (MP) para esclarecer las causas del atraso en la entrega del material electoral, lo que impidió que miles de ciudadanos ejercieran su derecho al voto en distintos centros de votación del país.

El fiscal general, Johel Antonio Zelaya Álvarez, aseguró a través de su cuenta oficial en la red social "X" que se investigarán a fondo todas las irregularidades detectadas en el proceso electoral. “La población hondureña debe tener la certeza de que llegaremos hasta el final para identificar y procesar a los responsables de cualquier anomalía”, expresó Zelaya en su comunicado, reiterando su compromiso de garantizar la transparencia del proceso electoral.

El Ministerio Público ha desplegado fiscales en todo el país y ha declarado máxima alerta ante cualquier irregularidad que afecte la legalidad del proceso. Como parte de la respuesta a las denuncias, el fiscal general ordenó la conformación de un equipo especializado para investigar lo ocurrido. Dicho equipo está integrado por la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE), la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FE-PROSI) y agentes de la ATIC.

Según el comunicado oficial del MP, las investigaciones se centran en determinar por qué el retraso en la distribución de las maletas electorales afectó la apertura de centros de votación en el Distrito Central y San Pedro Sula, lo que generó un impacto significativo en la jornada electoral. Además, se busca establecer si existió dolo o negligencia en la planificación y ejecución del traslado del material electoral.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes fueron los responsables, directos o indirectos, de esta obstrucción en el proceso electoral”, enfatizó el fiscal general, señalando que se tomarán medidas legales contra quienes hayan vulnerado el derecho al sufragio.

Durante la tarde del lunes, agentes de la ATIC se trasladaron a las instalaciones del CNE para recolectar información sobre el sistema de transporte del material electoral. Dentro de los delitos electorales contemplados en la legislación hondureña, se incluyen el retraso injustificado y la alteración en la organización de las mesas electorales, situaciones que serán objeto de análisis por parte de los fiscales y equipos especializados.

Las autoridades han prometido transparencia en la investigación y han instado a la población a denunciar cualquier irregularidad adicional en el proceso. Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre los hallazgos preliminares y las acciones legales que se tomarán contra los responsables.