El Ministerio Público de Honduras ha intensificado la investigación relacionada con el caso Sedesol, en el que se vincula a la diputada suspendida Isis Cuéllar con presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. En las últimas horas, la Fiscalía ha puesto la lupa sobre dos personas cercanas a Cuéllar: su cuñada, Paola Pérez, y su asistente personal, Ilsy Baquedano.

Ambas han sido señaladas por haber recibido contratos millonarios por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) durante el año 2024, específicamente en la modalidad de contratación directa para servicios de limpieza.

Los contratos ascienden a más de 2.5 millones de lempiras, cifra que ha despertado sospechas, especialmente por la falta de experiencia técnica de las contratistas para el trabajo asignado.

Ante estas circunstancias, la Fiscalía ha solicitado a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) el acceso a los movimientos financieros de Pérez y Baquedano. El objetivo es rastrear el destino de los fondos y detectar posibles actos de lavado de activos, malversación o enriquecimiento ilícito ligados a estas operaciones.

La investigación se originó luego de la filtración de un video en el que la diputada Cuéllar conversaba con el entonces ministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, acerca del uso indebido de recursos públicos para financiar actividades políticas del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) en el departamento de Copán.

Este escándalo derivó en la renuncia de Cardona y la suspensión temporal de Cuéllar de sus funciones legislativas.

Desde entonces, el Ministerio Público ha avanzado en la recopilación de pruebas, incluyendo contratos, actas de adjudicación y declaraciones testimoniales que apuntan a un patrón de favoritismo y nepotismo en la asignación de contratos públicos. La inclusión de familiares y personas del círculo cercano de Cuéllar en estos procesos ha sido uno de los focos centrales de la pesquisa.

Además, este caso ha generado preocupación sobre la transparencia y el correcto manejo de los fondos estatales en medio de un contexto político marcado por la lucha contra la corrupción y la presión internacional para fortalecer las instituciones hondureñas.

Las autoridades anticipan que en los próximos días habrá más novedades sobre la investigación, que podría desembocar en imputaciones formales si se encuentran indicios suficientes de responsabilidad penal.

Este caso se suma a una serie de procesos judiciales que buscan combatir la impunidad y garantizar la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos en Honduras, reforzando la percepción de que la justicia está actuando con mayor firmeza contra posibles actos de corrupción en el gobierno y sus aliados políticos.