El jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Henry Rodríguez, advirtió que la aplicación del gravamen del 1% a las remesas, junto con las posibles deportaciones masivas de hondureños en Estados Unidos, podría desacelerar de manera significativa el flujo de divisas que sostiene a miles de hogares en el país.

Rodríguez explicó que Honduras es altamente dependiente de las remesas familiares, que este año se estima superarán los 10 mil millones de dólares, y que representan una base clave para la estabilidad macroeconómica y el consumo interno.

“El impuesto del 1% sí va a afectar, aunque no de manera drástica. Se calcula que el impacto rondaría entre 60 y 70 millones de dólares”, indicó el economista, al señalar que este golpe financiero se sentiría con mayor fuerza cuando coincida con la eventual exclusión de hondureños del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.

De acuerdo con el experto, los efectos no serán inmediatos, pero se espera que a mediados de 2026 comience una caída sostenida en los envíos de dinero. “A partir de ese año podría notarse una ligera disminución, y es ahí donde se reflejará la vulnerabilidad de la economía hondureña”, añadió.

Las remesas no solo garantizan estabilidad macroeconómica, sino que también sostienen el consumo de las familias receptoras, impulsan gastos en educación y salud, y hasta generan capacidad de ahorro. Una reducción, advirtió Rodríguez, afectaría directamente la calidad de vida de millones de hondureños.

“Son las remesas las que sustentan de manera directa el bienestar de las familias. Al disminuirse, inevitablemente se verán golpeados sectores clave del consumo y los servicios”, señaló.

La propuesta de aplicar un impuesto a las remesas ha sido cuestionada por distintos sectores sociales y económicos, quienes temen que este tipo de medidas no solo reduzca el flujo de divisas, sino que incentive el uso de canales informales, restando transparencia al sistema financiero.

El análisis de Rodríguez pone sobre la mesa un panorama desafiante: si bien el impacto fiscal del gravamen parece moderado en cifras absolutas, el riesgo real recae en la dependencia estructural del país hacia el dinero que envían los migrantes.