El Ministerio Público de Honduras ha logrado que la Corte de Apelaciones revoque el sobreseimiento definitivo y decrete auto de formal procesamiento contra el exministro de Educación y actual asesor en materia educativa de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Marlon Oniel Escoto Valerio. La acusación en su contra es por el delito de usurpación en perjuicio de la Tribu Pech de Culuco, ubicada en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho.

En 2019, la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS/PC) presentó un requerimiento fiscal contra Escoto por los delitos de usurpación y daños agravados en perjuicio del medio ambiente. Sin embargo, en la audiencia inicial, el Juzgado de Letras de Catacamas dictó sobreseimiento definitivo por ambos delitos, lo que motivó al Ministerio Público a presentar una apelación.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el equipo fiscal y técnico, Marlon Escoto habría tomado posesión de 423 manzanas de terreno dentro del título de dominio pleno de la Tribu Pech de Culuco. En dichas tierras, se habrían realizado cercados con postes de madera y alambre de púas, además de prácticas de quema y siembra de pasto mejorado.

Tras revisar el caso, la Corte de Apelaciones resolvió revocar el sobreseimiento definitivo por el delito de usurpación, permitiendo así que el proceso judicial en contra de Escoto continúe. No obstante, el tribunal confirmó el sobreseimiento definitivo por el delito de daños agravados en perjuicio del medio ambiente.

Ante esta resolución parcial, la Fiscalía de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural ha anunciado que interpondrá un recurso de reposición y amparo ante la Corte Suprema de Justicia, con el fin de revertir la decisión sobre el delito de daños agravados y continuar con la búsqueda de justicia para la comunidad afectada.

El caso de la Tribu Pech de Culuco es parte de un conflicto más amplio relacionado con el reconocimiento y respeto de los territorios indígenas en Honduras. Las comunidades ancestrales han denunciado reiteradamente la invasión de sus tierras por parte de terceros, lo que ha generado tensiones y disputas legales.

Este proceso judicial contra Marlon Escoto marca un precedente en la lucha por la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y subraya la importancia de la acción del Ministerio Público en la protección del patrimonio natural y cultural del país.