El exjefe de operaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA), Mike Vigil, lanzó una fuerte acusación sobre la estructura de la empresa hondureña Koriun Inversiones, señalando que narcotraficantes y políticos estarían detrás de esta financiera investigada por lavado de activos y por operar sin los permisos correspondientes.

Koriun Inversiones, con sede principal en Choloma, Cortés, y operación desde hace seis años, captó los ahorros de miles de hondureños ofreciendo rendimientos mensuales de hasta un 20%, cifras que superaban ampliamente las de las instituciones financieras reguladas, lo que generó sospechas de un esquema Ponzi.

El Ministerio Público allanó el 23 de abril de 2025 las oficinas de Koriun a nivel nacional, encontrando más de 358 millones de lempiras en efectivo, y confirmó las sospechas de fraude financiero. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) había advertido desde febrero que la empresa no estaba autorizada para captar recursos, sin embargo, Koriun continuó operando, incluso con permisos otorgados por la Alcaldía de Choloma.

En entrevista con Noticieros Hoy Mismo, Mike Vigil indicó que el gerente Iván Velásquez no es el cerebro detrás del esquema y apuntó a la existencia de figuras poderosas vinculadas, incluyendo políticos:

“Yo creo que posiblemente van a haber narcotraficantes y políticos que están metidos en este fraude, desastre que han hecho en Honduras.”

El exagente manifestó también su desconfianza en el fiscal general, Johel Zelaya, y advirtió que la investigación debe profundizar para descubrir a todos los responsables.

Por otro lado, el diputado Yahvé Sabillón confirmó que al menos dos congresistas uno propietario y otro suplente invirtieron sumas significativas de dinero en Koriun Inversiones, sin revelar sus identidades ni los partidos políticos a los que pertenecen. Sabillón agregó que en esta trama también han caído empresarios, inversionistas y trabajadores que se vieron afectados por la estafa.

El 14 de mayo de 2025, el gerente Iván Velásquez fue detenido por cargos de lavado de activos y posesión ilegal de armas, hecho que provocó protestas y bloqueos en varias carreteras por parte de socios que demandan la devolución de sus ahorros y la liberación de Velásquez.

Este caso se ha convertido en uno de los escándalos financieros más grandes en Honduras, evidenciando la necesidad de mayor control estatal y transparencia para proteger a los ciudadanos de fraudes de esta magnitud.