A pocos días de iniciar la última legislatura de la actual gestión del Congreso Nacional, los diputados hondureños continúan sin alcanzar consensos para la aprobación del Presupuesto General 2025, que asciende a 430,907.8 millones de lempiras. Hasta ahora, no se han retomado las sesiones en lo que va de enero, dejando al país en un estado de incertidumbre fiscal.

El jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, señaló que aún no existe claridad sobre cuándo se convocarán sesiones plenarias para abordar este tema crítico. Según Umaña, el escenario es igual o más complicado que al cierre de 2024, ya que las diferencias entre las bancadas persisten, impidiendo cualquier avance significativo.

El presupuesto proyectado para 2025 destina L266.667,6 millones al gobierno central y L164.240,2 millones a la administración descentralizada. Sin embargo, la falta de acuerdo político amenaza con dejar al gobierno operando provisionalmente bajo el presupuesto de 2024, lo que podría limitar su capacidad de ejecución en áreas clave.

Diversos factores han contribuido al estancamiento. Por un lado, las vacaciones parlamentarias han interrumpido el proceso legislativo, dejando al país sin una hoja de ruta presupuestaria clara. Por otro lado, las tensiones políticas y la falta de voluntad para llegar a acuerdos han paralizado las discusiones.

El retraso en la aprobación del presupuesto ha generado críticas hacia los diputados, quienes se fueron de vacaciones sin cumplir con su responsabilidad legislativa. Sectores de la sociedad han manifestado su preocupación por el impacto que este estancamiento podría tener en áreas como educación, salud e infraestructura.

Además, el descontento aumenta ante la percepción de que algunos legisladores priorizan intereses partidarios sobre las necesidades del país. Según analistas políticos, la situación refleja una desconexión entre las prioridades del Congreso y las demandas ciudadanas.

Con el tiempo en contra, el Congreso enfrenta una presión creciente para reanudar sesiones y resolver esta crisis antes de que se afecte aún más las operaciones gubernamentales. Sin una resolución rápida, el gobierno podría enfrentarse a restricciones presupuestarias que complicarían la implementación de programas esenciales y la ejecución de proyectos planificados para 2025.

La falta de consenso en el Congreso Nacional no solo retrasa el desarrollo del país, sino que también plantea dudas sobre la capacidad de los legisladores para cumplir con sus responsabilidades fundamentales en una coyuntura crítica.