En un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, el Gobierno de Honduras ha oficializado el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso "Gutiérrez Navas y Otros Vs. Honduras". La sentencia se relaciona con la destitución arbitraria de magistrados de la Sala Constitucional en 2012, una decisión que fue considerada una grave violación a los derechos humanos.

El Estado hondureño fue condenado a pagar una indemnización de más de 54 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente 13.5 millones de lempiras para cada uno de los cuatro magistrados afectados: José Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz, José Francisco Ruiz y Gustavo Bustillo Palma.

El procurador General de la República, Manuel Antonio Díaz Galeas, reafirmó el compromiso del Gobierno con el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de las medidas de reparación establecidas por la Corte IDH. Estas incluyen la publicación de la sentencia, el pago de indemnizaciones y la adecuación de normativas conforme a los estándares internacionales.

"El Estado de Honduras reconoce su responsabilidad y ratifica su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones convencionales derivadas del Pacto de San José, la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos", declaró Galeas.

Por su parte, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro. "Reconocemos públicamente la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la destitución del 12 de diciembre de 2012, calificada como arbitraria e ilegal por la Corte IDH", subrayó.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se manifestó sobre la resolución judicial, afirmando que "justicia tardía no es justicia". Redondo enfatizó que el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado es un acto de cumplimiento internacional, pero que no revierte las consecuencias de lo ocurrido. "Esta resolución no devuelve el tiempo perdido ni revierte las graves consecuencias que generó ese acto arbitrario: el establecimiento de un narcoestado, la imposición de una reelección ilegal, la manipulación del sistema judicial y la corrupción que empobreció al pueblo", concluyó.

Con esta acción, Honduras da un paso hacia la reparación de los daños causados por la destitución de los magistrados, cumpliendo con los estándares internacionales de justicia y derechos humanos.