Estado de excepción en Honduras: entre fracasos, abusos y una cuenta política regresiva
2 de enero de 2025
El estado de excepción en Honduras enfrenta un futuro incierto tras su última ampliación en el Congreso Nacional, lograda con apenas 67 votos, dos más de los necesarios para la mayoría simple. Varios diputados liberales, quienes apoyaron esta extensión, anunciaron que sería la última debido a los resultados insatisfactorios de la medida.
La falta de consensos para nuevas ampliaciones ha dejado al gobierno de Xiomara Castro con 45 días para presentar una nueva estrategia en materia de seguridad.
Implementado hace más de dos años para combatir la extorsión, el estado de excepción ha fracasado en cumplir su propósito principal. Según un estudio de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), más de 304,338 hogares fueron víctimas de extorsión en 2024, un aumento preocupante respecto a años anteriores. Los testimonios de las víctimas han sido contundentes: "Preferimos pagar para no morir".
Aunque el oficialismo destaca una reducción en la tasa de homicidios, proyectada en 27 por cada 100.000 habitantes para 2025, la extorsión se ha expandido a ocho departamentos del país, y las formas de pago incluyen efectivo, transferencias bancarias y billeteras electrónicas. Más del 54% de los encuestados considera que el estado de excepción ha incrementado su sensación de inseguridad.
El estado de excepción ha sido señalado como catalizador de violaciones a los derechos humanos. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, hasta septiembre de 2024 se habían registrado más de mil denuncias contra cuerpos policiales y militares por abusos, tortura y crímenes. Periodistas del Ciclo de Actualización de Periodistas (CAP) documentaron casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas, revelando un rostro oculto de esta política de seguridad.
La Fiscalía ha tomado medidas contra policías involucrados en redes de extorsión y abusos, pero las acciones no han sido suficientes para restaurar la confianza pública. En regiones como Olancho, la violencia continúa sin control, a pesar de múltiples intervenciones.
El estado de excepción ha llegado a su límite en un contexto de campaña electoral para los comicios de 2025. Los legisladores opositores han dejado claro que no respaldarán nuevas extensiones de esta medida, mientras que el oficialismo trabaja en una propuesta alternativa para garantizar la seguridad del país. .
Sin embargo, el debate político está marcado por una realidad ineludible: el estado de excepción no ha cumplido con sus objetivos, ha dejado un saldo de víctimas y ha generado desconfianza en la población.
La pregunta que ronda el Congreso Nacional es si habrá voluntad política para cerrar este capítulo o si se buscarán nuevos consensos para extender una medida que haya resultado errática y contraproducente.
