A pesar de millonarias inversiones, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha generado más pérdidas que recuperación en los últimos tres años, agravando el deterioro de las finanzas públicas de Honduras. Así lo denunció la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en la sexta entrega de su serie Estado de país, centrada esta vez en la crisis del subsector eléctrico.

Según el informe, entre 2021 y 2024 el costo del kilovatio hora (kWh) aumentó un 33.6 %, haciendo que cada unidad de energía no facturada resulte más costosa. A pesar de los compromisos gubernamentales para reducir pérdidas al 19 % en cuatro años, estas se mantienen en un alarmante 36.6 %, la cifra más alta de Centroamérica.

El impacto financiero ha sido devastador. Solo en 2024, las pérdidas ascendieron a L 14,270.2 millones, superando las del año anterior. A esto se suman L 20,433 millones presupuestados para el fallido Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), de los cuales apenas se ha ejecutado el 67 %, y un 40 % de ese monto fue destinado a sueldos y salarios. En total, en tres años se han gastado L 20,000 millones para perder L 40,086 millones.

“Cada lempira que pierde la ENEE es un lempira menos para salud, educación y seguridad”, advirtió ASJ, subrayando el costo social de esta mala administración.

Además, las promesas de reducción tarifaria tras la renegociación de contratos energéticos en 2023 nunca se cumplieron. Las adendas, que habrían permitido una baja del 5 % en tarifas, se enviaron fuera de plazo y fueron aprobadas en bloque en 2025, incluyendo contratos inactivos como el de CEHCSA/Brassavola, sin operación desde 2008.

En medio de opacidad e irregularidades legislativas, el Congreso reinterpretó la ley para eliminar el límite legal de 60 días en renegociaciones contractuales. Mientras tanto, el país incorporó 353 MW de energía a base de diésel, el 58 % mediante arrendamientos temporales, muchos adjudicados a una sola empresa con las tarifas más altas.

Honduras sigue pagando una de las tarifas eléctricas más caras de Centroamérica, solo superada por Nicaragua, y con un recargo del 10 % adicional para sostener el subsidio de energía “gratuita”, lo que en la práctica iguala los costos para la ciudadanía.

Ante este panorama, ASJ exige una reforma estructural del modelo de gestión de la ENEE, la eliminación de compras directas y licitaciones privadas, y una reestructuración de la Ley de Energía para atraer inversiones, fortalecer la eficiencia y devolver la sostenibilidad a un sistema que sigue drenando recursos esenciales para el desarrollo del país.