La propuesta de Ley de Justicia Tributaria sigue encendiendo el debate político y económico en Honduras. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, alertó que la iniciativa podría provocar efectos negativos como desempleo, salida de capitales y un clima poco favorable para la inversión extranjera y nacional.

Fortín aseguró que el proyecto, impulsado por el Ejecutivo, no genera confianza en el sector privado y consideró que “no será beneficioso para el país”. Añadió que ha pedido en varias ocasiones abrir un espacio de diálogo con las autoridades, para que los sectores productivos puedan participar en la construcción de una normativa más equilibrada, pero señaló que no ha existido apertura.

En su opinión, la propuesta también refleja un intento de “desprestigiar a los grandes capitales”, lo que incrementa la incertidumbre en el ambiente de negocios. “Esto no se traduce en más ingresos fiscales, sino en fuga de capital y mayor desempleo”, afirmó el dirigente.

El debate legislativo se mantiene en suspenso. Diputados de oposición, como Tomás Zambrano, han advertido que el oficialismo no cuenta con los votos necesarios y que solo podría aprobar el proyecto recurriendo a maniobras políticas con otras bancadas.

Por su parte, desde el Ejecutivo, el secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, expresó que la aprobación llegará “cuando la oposición se descuide”.

El Gobierno sostiene que la ley busca eliminar privilegios fiscales, reducir la evasión y asegurar que quienes tienen mayores ingresos contribuyan de manera justa, destacando que la propuesta cuenta con respaldo de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). No obstante, la resistencia empresarial persiste y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha manifestado su preocupación por la falta de claridad sobre el impacto real de la medida.