La gestión de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, enfrenta una creciente ola de críticas debido a la falta de avances en temas clave como la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), la pérdida de acceso a los fondos de la Cuenta del Milenio, y el cuestionado manejo del tratado de extradición con Estados Unidos. Estas situaciones han generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, afectando la percepción de su administración.

Sin CICIH: ​​Promesa aún incumplida

Uno de los compromisos más destacados de la campaña de Xiomara Castro fue la instalación de la CICIH, un mecanismo internacional destinado a combatir la corrupción estructural en el país. Sin embargo, a casi dos años de gobierno, este compromiso sigue sin concretarse.

El retraso ha sido atribuido a obstáculos legales ya la falta de un acuerdo con Naciones Unidas, entidad clave para el funcionamiento de la comisión. Los críticos señalan que la ausencia de voluntad política y la resistencia dentro de sectores del gobierno han dificultado los avances. Esto ha generado desencanto entre los ciudadanos que esperaban un cambio significativo en la lucha contra la corrupción.

Sin Cuenta del Milenio: Un revés financiero

En diciembre de 2023, Honduras quedó nuevamente excluida de los beneficios de la Cuenta del Milenio, un programa de cooperación estadounidense que ofrece recursos a países que cumplen con estándares de gobernanza, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional.

El informe de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) señaló retrocesos en indicadores clave como el control de la corrupción y la transparencia gubernamental, áreas que forman parte de las evaluaciones para acceder a estos fondos. La pérdida de estos recursos representa un golpe significativo para el desarrollo económico del país, afectando proyectos de infraestructura, educación y salud.

Sin tratado de extradición: Un vacío legal preocupante

La decisión de derogar el tratado de extradición con Estados Unidos, aprobada en 2012, ha generado fuertes críticas tanto a nivel local como internacional. Aunque el gobierno argumentó que la medida busca reformular acuerdos que garanticen soberanía y justicia plena, los analistas consideran que esta acción podría ser vista como un retroceso en la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La falta de un tratado vigente podría dificultar la entrega de ciudadanos hondureños requeridos por la justicia estadounidense, lo que podría afectar la relación bilateral con uno de los principales socios estratégicos de Honduras.

Impacto político y social

Estos tres puntos han socavado la confianza de diversos sectores hacia la administración de Xiomara Castro. Líderes de oposición han señalado que estos retrocesos comprometen el futuro del país, mientras que organizaciones civiles y empresariales han llamado al gobierno a priorizar la transparencia y la colaboración internacional.

El descontento popular, reflejado en encuestas recientes, muestra una caída en la aprobación de la presidenta, lo que podría complicar la segunda mitad de su mandato.

La administración Castro enfrenta el desafío de revertir estas percepciones, demostrando resultados concretos en las áreas de lucha contra la corrupción, manejo de relaciones internacionales y desarrollo económico. La capacidad de responder a estas críticas definirá el legado de su gestión y su impacto en la historia reciente de Honduras.