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Ejecutivo pide suspender debate sobre reformas al Presupuesto 2025

22 de mayo de 2025

22 de mayo de 2025

El Poder Ejecutivo de Honduras solicitó formalmente al Congreso Nacional suspender el debate legislativo sobre un conjunto de reformas a las disposiciones generales del Presupuesto General 2025, actualmente en discusión. La solicitud fue comunicada por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), que propuso en su lugar la instalación de una mesa técnica para analizar detalladamente las modificaciones y emitir una opinión oficial.

 

Según el comunicado oficial, aunque hubo un diálogo técnico en febrero pasado entre SEFIN y la Comisión de Presupuesto del Congreso, el Ejecutivo considera que la reciente presentación de las reformas es extemporánea y requiere una revisión adicional.

 

La nota también responde a señalamientos públicos sobre un presunto manejo discrecional de recursos públicos mediante una supuesta partida confidencial, afirmando que no existe tal partida en el actual esquema presupuestario. “Desmentimos las acusaciones infundadas sobre un supuesto uso discrecional de recursos en una partida confidencial”, indica el comunicado. Además, sostiene que todos los fondos administrados por el Estado se gestionan bajo los principios de legalidad y transparencia, conforme a lo establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Presupuesto.

 

“El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha eliminado las partidas confidenciales con el cierre de fideicomisos y la derogación de la Ley de Secretos”, se subraya. En este sentido, se reiteró que la Caja Única del Tesoro es pública, auditada y regulada, como parte de los esfuerzos del actual gobierno por promover transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción.

 

La SEFIN recalcó además que el gobierno está comprometido con el proceso electoral de noviembre de 2025, asegurando la disponibilidad oportuna y transparente de los recursos presupuestarios necesarios para garantizar su desarrollo.

 

La decisión de suspender la discusión busca evitar interpretaciones erróneas, fortalecer la institucionalidad y asegurar que las reformas se construyan con base en criterios técnicos, legales y consensuados.

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