Cuatro organizaciones criminales transnacionales consideradas terroristas por Estados Unidos el Tren de Aragua (Venezuela), el Clan del Golfo (Colombia), el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (México) operan activamente en Honduras, dificultando los esfuerzos del gobierno para frenar el narcotráfico.

Así lo revela el informe antidrogas 2024 del Departamento de Estado de EEUU, que también señala a la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18 como actores relevantes, siendo la MS-13 igualmente designada como organización terrorista.

Estas seis organizaciones ejercen una fuerte influencia especialmente en los departamentos de Colón, Olancho y Gracias a Dios, aprovechando la debilidad institucional y la falta de políticas antinarcóticas claras. El informe critica la ausencia de una legislación integral, la falta de coordinación interinstitucional, y el débil compromiso presupuestario para combatir efectivamente este flagelo. A su vez, alerta sobre la corrupción sistémica como uno de los mayores obstáculos, ejemplificada por los casos del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en EEUU por narcotráfico, y del exsecretario del Congreso, Carlos Zelaya, implicado en un video con narcotraficantes.

Aunque en 2024 se incautaron más de 19 toneladas de cocaína en el mar y se erradicaron tres millones de plantas de coca menos que las 4.7 millones de 2023, el informe advierte que estas cifras no bastan frente al crecimiento del tráfico marítimo de drogas, impulsado por lanchas rápidas y motos acuáticas. Asimismo, menciona que los cárteles continúan operando con sofisticación y violencia, mientras que el Estado hondureño carece de equipos funcionales, personal suficiente y estrategias sostenidas.

El Centro de Operaciones Interinstitucional de Acciones Conjuntas, creado para combatir el crimen transnacional, permanece debilitado por falta de apoyo político y financiero. Además, la reciente ley de amnistía para exfuncionarios de la era Zelaya ha permitido el regreso de condenados por corrupción al servicio público, lo que según el informe “socava los avances contra la impunidad”.

En cuanto a drogas sintéticas, no hay evidencia clara de producción de fentanilo, pero ya se han registrado incautaciones en la aduana de Puerto Cortés, alertando sobre una posible expansión del problema. También se señala que los esfuerzos de prevención y educación pública son limitados y carecen de inversión sostenida y participación del sector privado.

Finalmente, el Departamento de Estado concluye que el gobierno de Xiomara Castro enfrenta desafíos críticos: debe fortalecer su capacidad institucional, mejorar la transparencia, implementar medidas anticorrupción efectivas y reformar el marco legal para facilitar la persecución del crimen organizado. La cooperación internacional e interinstitucional, recalca el informe, será clave para frenar el avance de estas poderosas redes criminales que hoy amenazan la seguridad y la soberanía del país.