Una destacada economista hondureña advirtió este sabado que la supresión de los subsidios a servicios básicos y combustibles podría generar efectos negativos significativos en los hogares, especialmente entre familias con menos recursos.

La advertencia se produce mientras el país valora diferentes opciones fiscales en medio de presiones presupuestarias y ajustes económicos.

La expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, Amparo Canales, señaló que mantener los subsidios ha sido un instrumento clave para proteger el poder de compra de la población, mitigar aumentos de precios y limitar presiones inflacionarias que de otra forma se sentirían con mayor fuerza en bienes y servicios básicos.

Canales explicó que la eliminación de subsidios como los aplicados al combustible y la energía podría traducirse en aumentos directos en los costos de vida de los hogares, repercutiendo en el transporte, los alimentos y otros productos que dependen del uso intensivo de energía y combustibles.

En ausencia de estos apoyos, dijo, muchas familias tendrían que destinar una proporción mayor de su ingreso a cubrir gastos esenciales, reduciendo así su capacidad de consumo en otros rubros.

El llamado de atención de la economista ocurre en un contexto donde la política de subsidios energéticos ha sido objeto de debate público, tanto por su costo fiscal como por su impacto social. Por ejemplo, un análisis reciente del Banco Central de Honduras reveló que los subsidios a combustibles y energía representaron una erogación estatal significativa, y su continuidad o modificación será definida por la nueva administración.

Asimismo, estudios en otros países muestran que la retirada abrupta de subvenciones puede contribuir a aumentos marcados en la inflación y en los costos de producción, lo cual termina afectando aún más a los consumidores, en especial a los sectores de menores ingresos.

Frente a estos riesgos, Canales sugirió que cualquier ajuste en los subsidios debe ir acompañado de medidas compensatorias, como programas focalizados que beneficien a los hogares más vulnerables y mecanismos que promuevan la eficiencia energética sin sacrificar la estabilidad económica familiar.

Organizaciones sociales y grupos ciudadanos han reaccionado a estas advertencias con llamados a mantener políticas que protejan la capacidad adquisitiva de las familias, especialmente en un entorno de incremento de precios globales y de altos costos en materias primas.

La discusión sobre cómo y cuándo ajustar los subsidios continuará siendo un tema central en la agenda económica y social del país en los próximos meses.