El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Zelaya, salió al paso de las críticas por el manejo de recursos vinculados al caso de la empresa Koriun Inversiones, asegurando que su institución no recibió ni gestionó directamente dinero efectivo relacionado con esa causa, sino únicamente bienes materiales asegurados por las autoridades competentes.

En declaraciones a medios de comunicación, Zelaya enfatizó que la OABI no ha tenido bajo su custodia ni ha administrado montos en efectivo provenientes del caso Koriun, sino que únicamente ha resguardado bienes incautados, entre ellos vehículos de lujo, una sociedad mercantil y un terreno en el departamento de Cortés.

El funcionario explicó que la responsabilidad sobre los fondos en efectivo asegurados por las pesquisas corresponde a otras instancias del Estado, como el Ministerio Público (MP) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que han sido las encargadas de las investigaciones penales y financieras en torno a la presunta estafa piramidal atribuida a Koriun.

Zelaya subrayó que su institución no tuvo contacto directo con el dinero en efectivo relacionado con esta operación, ya que los bienes materiales —incautados semanas después de los aseguramientos originales— son los únicos objetos que han sido puestos bajo custodia de la OABI para su manejo, inventario y posible enajenación conforme a la ley.

La aclaración llega en medio de una tensa situación social y económica alrededor del caso Koriun, que ha generado protestas de miles de afectados que reclaman la devolución de sus recursos tras la intervención de la empresa por parte de las autoridades por operar supuestamente bajo un esquema de fraude financiero.

Organizaciones ciudadanas y grupos de inversionistas han exigido transparencia en la gestión de los activos y posibles retornos de capital, y han señalado que la ausencia de respuestas claras aumenta la frustración entre quienes perdieron dinero en la cuestionada sociedad mercantil.

El caso, en el que se han asegurado bienes y se ha iniciado un proceso de investigación, sigue en curso bajo la dirección de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que buscan determinar responsabilidades y facilitar mecanismos para la devolución de aportes a quienes resultaron damnificados por las operaciones de Koriun Inversiones.

Mientras tanto, la OABI continúa con su función de custodiar activos incautados como parte de procesos legales, aunque persisten las demandas para que el uso o destino de esos bienes se aclare ante la ciudadanía y se garantice un procedimiento transparente conforme a la normativa vigente.