La deuda externa pública de Honduras cerró el año 2025 con un saldo de 10,736.4 millones de dólares, registrando un ligero aumento respecto a 2024, informó este sábado el Banco Central de Honduras (BCH). Este nuevo registro representa una variación interanual del 0.4 %, impulsada principalmente por efectos cambiarios, según el informe oficial.

Aunque el incremento fue moderado, las cifras reflejan que la estabilidad de la deuda externa continúa siendo un desafío para las finanzas públicas hondureñas, en un contexto global donde las condiciones económicas, tasas de interés y movimientos cambiarios pueden influir en el saldo de las obligaciones externas.

Durante el ejercicio fiscal de 2025, el país realizó pagos de capital por valor de 853.6 millones de dólares, superando los nuevos desembolsos recibidos, que sumaron aproximadamente 787.9 millones de dólares. Esta dinámica llevó a una amortización neta de parte de la deuda, aunque el efecto cambiario desfavorable terminó elevando el saldo global.

La mayor parte de los compromisos externos se mantiene en dólares estadounidenses, representando más del 80 % del total, mientras que otros compromisos se denominan en monedas como los Derechos Especiales de Giro, euros y yenes japoneses, entre otras divisas.

Del total de la deuda externa pública, la Administración Central encabeza la lista de deudores, aportando cerca del 87 % del monto total, seguido por el banco emisor y otras entidades del sector público. En cuanto a los acreedores, la mayor proporción de financiamiento proviene de organismos multilaterales, seguidos por acuerdos bilaterales y otros tipos de acreedores.

El saldo acumulado al cierre de 2025 se da en medio de un contexto económico donde el país enfrenta retos para equilibrar la sostenibilidad fiscal con las necesidades de inversión en áreas prioritarias como infraestructura, salud y programas sociales, sin perder de vista el impacto del servicio de la deuda sobre los recursos públicos.

Analistas consideran que mantener un nivel de deuda externo por encima de los 10,000 millones de dólares exige políticas sólidas de manejo de deuda y crecimiento económico que permitan garantizar el cumplimiento de las obligaciones sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país.