El proceso judicial por presuntas irregularidades en la Alcaldía de San Pedro Sula dio un nuevo giro este fin de semana. La defensa de los acusados anunció que presentará un recurso de apelación contra la resolución emitida en primera instancia, argumentando que la decisión del juez no refleja una valoración adecuada de las pruebas.

La investigación gira en torno a supuestos actos de corrupción cometidos durante la gestión municipal sampedrana, vinculados al manejo de recursos públicos. La causa ha generado expectativa en la opinión pública y es observada por organizaciones que vigilan la transparencia en la administración local.

El abogado Asdrúbal Murillo, representante legal de los señalados, explicó que la resolución se basó en “elementos débiles” y que el testimonio de un testigo protegido habría incurrido en contradicciones. “Se atribuyeron cargos a personas que nunca ocuparon funciones públicas.

Esa declaración no puede ser la base de una decisión judicial”, sostuvo.

Murillo también cuestionó la rapidez con la que se estructuró el expediente, recordando que la denuncia fue interpuesta hace dos años, pero la investigación se concretó en apenas un mes. Según él, esta situación generó inconsistencias en el proceso y debilitó el caso de la acusación.

“Respetamos las resoluciones judiciales, pero es evidente que las pruebas utilizadas carecen de valor jurídico. Lo que corresponde en este momento es apelar para que una instancia superior revise la decisión”, afirmó el abogado, quien calificó los elementos probatorios como “espurios e inútiles”.

Con la apelación, el caso pasará a revisión en una Corte de Apelaciones, que determinará si la resolución judicial se mantiene o si corresponde modificarla. El proceso podría prolongarse durante varios meses, manteniendo el tema en la agenda judicial y política del país.

Mientras tanto, sectores ciudadanos y organizaciones de sociedad civil han señalado la importancia de garantizar un debido proceso, subrayando que tanto la lucha contra la corrupción como el respeto a los derechos de los acusados deben prevalecer en el desarrollo del caso.