En el acto de instalación de la nueva legislatura del Congreso Nacional, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, advirtió sobre el incremento sostenido de la violencia contra las mujeres en Honduras y pidió a los diputados avanzar en reformas legales que permitan una respuesta más efectiva del sistema de justicia.

Durante el inicio del nuevo período legislativo en el Congreso Nacional, las máximas autoridades del Estado expusieron los principales desafíos que enfrenta el país en materia institucional.

En ese escenario, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó un panorama alarmante sobre la violencia de género, la sobrecarga del sistema judicial y la necesidad de ajustes legales para fortalecer la protección de los derechos de las mujeres.

Durante su intervención, la titular del Poder Judicial reveló que solo en 2025 se contabilizaron 14,685 denuncias por violencia doméstica, con una alta concentración de casos en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, que en conjunto representan entre el 20 y 25 por ciento del total nacional.

Obando señaló que la violencia de género continúa siendo una de las principales causas de muerte de mujeres en el país, situación que se refleja en las cifras de muertes violentas registradas el año anterior. Según datos recopilados por distintas instituciones, en 2025 se reportaron alrededor de 262 muertes violentas de mujeres; sin embargo, únicamente 129 casos llegaron a los tribunales, lo que equivale a una judicialización cercana al 50 por ciento.

La magistrada también cuestionó la baja aplicación del delito de femicidio, al indicar que solo 10 de esas muertes fueron tipificadas bajo esa figura penal, lo que, a su juicio, evidencia fallas en los procesos de investigación y en la correcta interpretación de la normativa vigente.

En relación con los procesos judiciales, Obando informó que el 57 por ciento de las resoluciones en casos de violencia doméstica resultaron favorables para las víctimas, aunque alertó que cerca del 30 por ciento de los expedientes se declaran en abandono, reflejando obstáculos estructurales que dificultan el acceso a la justicia.

Como respuesta a esta problemática, anunció la puesta en marcha del Observatorio de Justicia y Género, una herramienta destinada a identificar zonas con mayor riesgo de violencia, especialmente en departamentos como Lempira e Intibucá, con el fin de orientar acciones preventivas y reducir las muertes violentas de mujeres.

Asimismo, solicitó al Congreso Nacional respaldo para aprobar reformas a la Ley Especial Contra la Violencia Doméstica, elaboradas en conjunto con el Ministerio Público, la Policía Nacional y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de cerrar brechas de impunidad y fortalecer la protección legal de las víctimas.

En otros temas, la presidenta de la CSJ informó que cada año ingresan más de 14,500 casos de familia, en su mayoría relacionados con demandas de pensión alimenticia.

A un año de funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, se reportan 60 personas sancionadas.

En el ámbito penal, detalló que durante 2025 se registró el ingreso de 45,135 causas, un aumento del 20 por ciento, destacando delitos como tráfico de drogas y maltrato familiar.

La implementación de circuitos judiciales especializados permitió reducir el tiempo de espera para juicios orales de hasta cuatro años a un promedio de siete meses.

Finalmente, Obando alertó sobre el aumento de demandas laborales contra el Estado, particularmente en períodos de transición gubernamental, e instó a las autoridades a respetar la ley y privilegiar la conciliación.

También pidió al Congreso garantizar al Poder Judicial la asignación constitucional mínima del 3 por ciento de los ingresos corrientes, advirtiendo que sin mayor inversión se limita la capacidad de respuesta del sistema de justicia ante una demanda social en constante crecimiento.