El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que el estado de excepción, aplicado de forma ininterrumpida desde diciembre de 2022, no ha reducido la violencia y, en cambio, ha derivado en más de mil denuncias de atropellos a derechos fundamentales.

El organismo sostiene que la estrategia de militarizar la seguridad no ha atacado las causas estructurales de la criminalidad, mientras las cifras de homicidios se mantienen alarmantes con un promedio de ocho víctimas diarias.

El análisis fue presentado por el Observatorio Nacional de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas.

El informe señala que en casi tres años de régimen especial se han emitido 22 decretos ejecutivos que mantienen la medida en 226 municipios, lo que equivale al 76 % del territorio nacional. Durante este tiempo se registraron más de 7,500 muertes violentas y cerca de un centenar de masacres en 16 de los 18 departamentos del país.

Las quejas recibidas incluyen detenciones arbitrarias, torturas, plantación de pruebas falsas, robo de pertenencias y hasta denuncias de violencia sexual. Según el Conadeh, estas prácticas ponen en riesgo la responsabilidad internacional del Estado hondureño. El informe recomienda al Ejecutivo abstenerse de prolongar la medida sin cumplir los principios de legalidad e idoneidad, al Congreso ejercer control legislativo y a la Corte Suprema revisar la constitucionalidad de cada prórroga.

El organismo concluyó que la suspensión de garantías constitucionales no constituye una solución real para enfrentar a la criminalidad organizada.

En su lugar, propone una política de seguridad integral con enfoque de derechos humanos y de género, que permita construir un Estado de derecho sólido y garantizar protección efectiva a la ciudadanía.