El Congreso Nacional de Honduras discute actualmente un proyecto de ley que busca agilizar los procesos de licenciamiento ambiental como parte de una estrategia para fomentar inversiones. Sin embargo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advierte que esta propuesta podría contravenir tratados internacionales de derechos humanos, especialmente en lo relativo a las comunidades indígenas, afrohondureñas y rurales, históricamente vulneradas en proyectos extractivos o de infraestructura. La preocupación central gira en torno a la omisión de la consulta previa, la debilidad de los mecanismos de fiscalización y la ambigüedad normativa.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) ha advertido que el proyecto de ley de licenciamiento ambiental que se discute actualmente en el Parlamento hondureño podría vulnerar los derechos humanos y agudizar los conflictos socioambientales en el país.

En un comunicado oficial, la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, reconoció los esfuerzos legislativos por modernizar los procesos estatales a través de la denominada Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficacia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental. No obstante, expresó que esta iniciativa debe desarrollarse en estricto apego a las obligaciones internacionales asumidas por Honduras en materia de derechos humanos y medio ambiente.

El Conadeh señaló que la simplificación de los procesos de licenciamiento, sin un análisis riguroso de cada caso, podría agravar la conflictividad ambiental existente. Entre los principales riesgos identificados figuran la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades, la débil fiscalización de las actividades extractivas y la ambigüedad normativa del proyecto.

Además, el organismo advirtió que la propuesta legislativa “carece de claridad operativa y taxatividad normativa”, lo que puede traducirse en potenciales violaciones de derechos humanos, en especial contra poblaciones históricamente afectadas como los pueblos indígenas, afrohondureños y comunidades locales.

El Conadeh informó que ha recibido múltiples quejas relacionadas con violaciones a los derechos humanos asociadas a conflictos por licencias ambientales, y lamentó que la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) no haya respondido a los requerimientos de información emitidos entre 2024 y 2025.

Ante este panorama, el organismo exhortó al Parlamento a evaluar detenidamente el impacto del proyecto antes de su eventual aprobación, incluyendo las consecuencias en las comunidades afectadas y la falta de respuesta institucional. También recomendó revisar la normativa bajo los estándares internacionales de derechos humanos y ofreció asistencia técnica para asegurar que cualquier reforma legal respete las obligaciones del Estado hondureño.