En Tocoa, Colón, organizaciones comunitarias y defensoras de derechos humanos intensifican su llamado al Gobierno de Honduras para que actúe con firmeza frente a la violencia, la criminalización y los daños ambientales derivados de proyectos mineros y energéticos en la región. El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, respaldado por plataformas como la Mesa Tierra y Territorio y la Red Nacional de Defensoras, interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para frenar las operaciones mineras de Inversiones Los Pinares y Ecotek, acusadas de provocar graves impactos en la reserva Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”.

Las tensiones se agravaron luego de que, en enero de 2025, el alcalde Adán Fúnez otorgara permisos a la minera, y el Instituto Hondureño de Geología y Minas desestimara la oposición comunitaria a la renovación de concesiones. Las denuncias señalan que, pese a la entrega de pruebas de ilegalidades y un decreto especial para la recuperación del parque, la Secretaría de Recursos Naturales no ha emitido respuesta. Los líderes comunitarios insisten en que las autoridades deben garantizar los derechos de las poblaciones afectadas, que enfrentan desplazamientos, amenazas y pérdidas humanas.

Paralelamente, el megaproyecto de la represa “El Tablón” ha encendido nuevas alarmas en Quimistán, Santa Bárbara, donde las comunidades rechazan la obra por falta de consulta previa y posibles desalojos. Pese a cabildos abiertos que declararon el municipio libre de minería e hidroeléctricas, el financiamiento aprobado por el BCIE y las autorizaciones gubernamentales avanzan. Los opositores han recurrido a la vía legal para frenar el proyecto, sosteniendo que “no se puede salvar el Valle de Sula sacrificando el Valle de Quimistán”.

El panorama se complica con el registro de 48 desalojos forzados desde 2023, afectando a más de 9,000 familias campesinas e indígenas. Organizaciones como COPINH y OFRANEH advierten que medidas recientes de la Secretaría de Seguridad para documentar protestas refuerzan la criminalización social. A dos años de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria, las comunidades exigen al INA detener los desalojos y priorizar reformas legales que garanticen acceso a tierras y protección de los territorios.