La audiencia inicial para los implicados en el caso “Helios” se llevó a cabo recientemente, donde se investiga el uso indebido de más de 143 millones de lempiras destinados a publicidad a empresas fantasmas, sin cumplir con el propósito para el cual se realizaron esos desembolsos.

El juez de Letras Designado presidió la audiencia para varios exempleados de Casa Presidencial y del Instituto de la Propiedad. Los acusados son:

Harvis Edulfo Herrera Carballo: Acusado de asociación para delinquir, violación de los deberes de los funcionarios y fraude.

Eusebio Noel Rodas Flores: Enfrenta cargos de asociación para delinquir, fraude y lavado de activos, perjudicando la Seguridad Interior del Estado y la Administración Pública.

Óscar Alberto López Escalante: Acusado de asociación para delinquir y lavado de activos.

María Maldonado Orellana: Enfrenta cargos de falsificación de documentos públicos.

Se dictaron medidas distintas a la detención judicial para algunos imputados debido a situaciones de salud y arraigo.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que María Orellana no se presentó a la audiencia por problemas de salud, y se reprogramará su comparecencia para después del 26 de enero.

Durante la audiencia, se presentaron alrededor de 81 medios de prueba por parte del Ministerio Público. Las defensas argumentaron sobre la prescripción de los delitos y presentaron excepciones y nulidades.

Las investigaciones revelan que el actual diputado del Parlamento Centroamericano, José Godoy Urbina, quien no ha sido capturado, utilizó su influencia para reclutar personal de confianza en Casa Presidencial y el IP. Esto permitió la creación de empresas de maletín dedicadas a actividades ilícitas en el ámbito de la publicidad.

Según el comunicado oficial, se emitieron 144 cheques a nombre de estas sociedades, que fueron depositados en cuentas bancarias de las mismas empresas. Posteriormente, los fondos fueron retirados y utilizados por los imputados para beneficios económicos personales.

El Ministerio Público logró asegurar nueve sociedades mercantiles, una ONG, cinco inmuebles, un vehículo y los saldos de cuentas de 12 personas naturales y tres jurídicas. La investigación contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que fue clave en la recolección y análisis de información.

Este caso resalta la importancia de la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en Honduras, evidenciando cómo se desvían recursos públicos para beneficio privado. La audiencia continuará con la presentación de pruebas y se espera que se tomen decisiones importantes en los próximos días.