COHEP se deslinda de exdelegado implicado en caso de fraude con la Tasa de Seguridad
23 de agosto de 2025
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) marcó distancia de la gestión que desempeñó Juan Ramón Molina, exrepresentante del sector privado en el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, a quien el Ministerio Público acusa de fraude y otros delitos relacionados con la emisión de licencias de conducir.
En un extenso comunicado, el organismo gremial aclaró que la participación de Molina en ese comité técnico respondía a una disposición legal del Congreso Nacional, que obligaba a integrar un delegado empresarial en la estructura de administración de dichos fondos. Sin embargo, subrayó que sus actuaciones fueron de “responsabilidad personal” y no comprometen a la institución.
El COHEP señaló que su misión ha sido, durante casi seis décadas, representar a las empresas que generan empleo y aportan al desarrollo del país. En ese sentido, lamentó que “las acciones individuales de una persona no pueden empañar la labor de miles de empresarios honestos”.
Asimismo, recordó que, en el marco de la Ley de Secretos vigente durante la aplicación de la Tasa de Seguridad, los detalles sobre el uso de los recursos eran reservados por decisión del Estado, lo que limitaba el acceso a información completa sobre la gestión de los fondos.
La cúpula empresarial reiteró su respaldo a los procesos judiciales que investigan corrupción, tanto en Honduras como en el extranjero, pero advirtió que rechaza campañas de desprestigio contra el sector privado. “No aceptamos la continua calumnia de algunos funcionarios públicos que buscan responsabilizar al empresariado por actos que son estrictamente individuales”, remarcó el pronunciamiento.
La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) presentó requerimiento contra Molina y contra Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards S.A., ya capturada. Ambos son acusados de fraude, abuso de autoridad y lavado de activos por un perjuicio estimado en 18.5 millones de lempiras.
De acuerdo con las investigaciones, en diciembre de 2021 la Secretaría de Seguridad adjudicó a la mencionada compañía la compra de 480 mil tarjetas plásticas para licencias de conducir, pese a que la firma había sido creada apenas dos meses antes. Sin embargo, solo ingresaron al país 258 mil tarjetas, a pesar de que oficialmente se reportó la entrega total.
El COHEP insistió en que no puede ser considerado responsable de las decisiones de su exdelegado y pidió respeto al debido proceso. Además, recordó que ha mantenido siempre disposición de diálogo con los poderes del Estado para proponer soluciones y fortalecer la democracia.
“Lamentamos que nuestra apertura sea respondida con ataques desde organismos oficiales. El sector productivo merece respeto porque sostiene la economía y el empleo en el país”, concluyó el comunicado.
