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CNE hondureño advierte que defenderá la constitución ante crisis electoral

30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025

Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall y Cossette López, emitieron este martes un comunicado en el que anuncian su firme decisión de preservar el orden constitucional frente a lo que consideran intentos de injerencia y obstrucción en el actual proceso electoral.

 

En el pronunciamiento, Hall quien preside el ente y López sostienen que no permitirán que se fracture el marco constitucional ni se desconozca la voluntad ciudadana expresada en las urnas el pasado 30 de noviembre. Subrayan que el escrutinio especial de actas que presentan inconsistencias, iniciado el 18 de diciembre, ha enfrentado “conductas deliberadamente dilatorias y obstructivas” por parte de miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR).

 

Las funcionarias rechazan cualquier pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso Nacional sobre el desarrollo del proceso, calificándolo como una “injerencia indebida” en las funciones del CNE. Según Hall y López, la ley electoral vigente otorga plazos y procedimientos claros para la emisión de la declaratoria oficial, y cualquier acción fuera de ese marco atentaría contra la legalidad y la voluntad popular.

 

Además, las consejeras denunciaron “ataques institucionales y personales” por parte del Ministerio Público y acusaron a ciertos sectores políticos de haber “pervertido” partes del sistema electoral al permitir que integrantes de la JEVR obstaculicen deliberadamente el conteo de actas.

 

Hall y López también llamaron a los partidos políticos, a las misiones de observación nacional e internacional y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes ante cualquier acción que perciban como una amenaza al proceso democrático o a quienes lideran el escrutinio.

 

El pronunciamiento ocurre en medio de una fase tensa del escrutinio, en la que persisten desacuerdos sobre el procesamiento de resultados finales y el papel que podrían desempeñar otros poderes del Estado si el CNE no emite la declaración oficial dentro de los plazos legales establecidos.

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