El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras atraviesa una de sus etapas más delicadas de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Con un cronograma que exige el cumplimiento de más de medio centenar de tareas clave, la entidad electoral enfrenta serios retrasos que podrían comprometer la organización y la transparencia del proceso.

Entre los puntos más sensibles se encuentra la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un componente esencial para ofrecer resultados rápidos y confiables. Aunque la convocatoria pública cerró el pasado 29 de julio, el contrato aún no ha sido otorgado. Según la Ley Electoral, esa adjudicación debió completarse en esa fecha, por lo que el CNE necesitaría una prórroga especial aprobada por el Congreso Nacional para no incurrir en ilegalidad.

Sin embargo, el Legislativo permanece inactivo respecto al tema. La solicitud formal de ampliación del plazo enviada por la presidenta del CNE, Cossette López, no ha sido discutida, y hasta ahora no existe convocatoria para tratarla. Para su aprobación se requieren al menos 86 votos, un número complicado dada la actual polarización política.

El retraso en la adjudicación del TREP no detiene el proceso electoral en sí, pero sí puede afectar seriamente la credibilidad y percepción ciudadana del mismo.

En caso de no contar con el sistema, el CNE tendría que recurrir al conteo manual y la consolidación tradicional de actas, un método más lento y vulnerable a cuestionamientos.

Expertos advierten que el incumplimiento de plazos establecidos por ley podría acarrear responsabilidades penales o administrativas para los consejeros electorales.

Sin embargo, otros señalan que el marco legal no debe paralizar el proceso y que el país ha celebrado comicios sin TREP en el pasado, aunque bajo una mayor presión institucional.

El mes de agosto se perfila como una etapa decisiva para el desarrollo del proceso.

Entre las fechas destacadas se incluyen:

2 al 17 de agosto: Resolución de impugnaciones al padrón y cierre del censo para nuevos votantes.

14 de agosto: Distribución de cargos en Consejos Departamentales y Municipales Electorales; adjudicación de sistemas biométricos y de control de calidad.

15 de agosto: Convocatoria para la contratación de materiales electorales.

18 de agosto: Resolución de reclamos al censo y convocatoria para contratación de transporte logístico.

31 de agosto: Cierre de inscripciones de delegados y miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Además, el 1 de septiembre comienza oficialmente el período de propaganda electoral, lo que marcará la entrada de lleno a la campaña.

Al margen de los desafíos operativos, el CNE atraviesa una crisis interna sin precedentes.

Las diferencias entre los consejeros Cossette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa han provocado sesiones fallidas, bloqueos administrativos y una virtual parálisis en la toma de decisiones.

El conflicto se agravará en septiembre, cuando correspondería un cambio en la presidencia del órgano electoral. Según el reglamento, el cargo debería pasar a Ana Paola Hall, pero sectores vinculados al partido de Gobierno presionan para que sea Marlon Ochoa quien asuma, lo cual podría desatar nuevas disputas políticas y legales.

Organizaciones como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y otros observadores electorales han instado al CNE a transparentar su agenda de trabajo y cumplir con los compromisos del cronograma, subrayando que cualquier retraso u opacidad podría erosionar la confianza pública en el proceso electoral.

Del mismo modo, voces desde la oposición política exigen que el Congreso convoque de inmediato para autorizar la prórroga legal sobre el TREP, advirtiendo que la inacción podría derivar en un proceso viciado desde el origen.

Con menos de cuatro meses para las elecciones, el CNE enfrenta una carrera contrarreloj con obstáculos técnicos, legales e institucionales. El TREP sigue en el limbo, el cronograma se aprieta y las divisiones internas socavan la efectividad del máximo organismo electoral.

Lo que está en juego no es solo un calendario, sino la legitimidad del proceso electoral más importante del país. El tiempo se agota, y los votantes esperan respuestas claras, voluntad política y transparencia en un proceso que debe garantizar la estabilidad democrática de Honduras.