La Secretaría de Educación pagó más de ocho millones de lempiras al no otorgar la licitación al ofertante con el menor precio, como lo establece la ley.

La compra de mobiliario escolar que debió beneficiar a niñas y niños en varios departamentos del país, se convirtió en un proceso lleno de irregularidades que generó un perjuicio económico al Estado de Honduras.

En el informe «Derroche injustificado en la compra de pupitres» se revela cómo las autoridades de esa secretaría incumplieron con lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento en el proceso de «Adquisición y Distribución de Pupitres Unipersonales, Tripersonales y Pizarras para Centros Educativos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, realizado en 2022.

El proceso de licitación incluía nueve lotes que debían ser adjudicados al oferente con el precio más bajo, según lo establecían las bases de licitación.

Sin embargo, los lotes 1, 2 y 3 fueron otorgados a empresas con la oferta más alta, generando un perjuicio por más de ocho millones de lempiras.

Se encontraron inconsistencias y falta de claridad en las diferentes etapas de la licitación, a tal punto que, al final se emitió una resolución con falta de motivación para adjudicar, sin fundamento alguno, los tres lotes a las empresas con precios más altos.

Desorden

En el informe se detalla el desorden desde el comienzo de la licitación, entre ellos, documentos oficiales con el mismo correlativo, pero con diferente contenido y fechas, modificaciones en la cantidad, distribución y tipo de mobiliario, así como una evaluación general y poco clara de las ofertas.

La secretaría pretendió cambiar de una licitación pública nacional a un proceso especial de contratación directa, amparándose en el Decreto Legislativo 30-2022, considerando que los fondos fueron otorgados por emergencia nacional.

Incluso, Educación solicitó una opinión legal del exministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Edmundo Orellana, pero no se encontró en el expediente la respuesta al oficio.

Moneda de proselitismo

Las irregularidades también se encontraron en la distribución del mobiliario, con actas de entrega sin firma y sellos correspondientes. En otros documentos, ni siquiera se registra la persona encargada de equipar los centros escolares.

Además, personas ajenas a la Secretaría, entre ellos el diputado Mauricio Rivera del partido Libertad y Refundación (Libre), entregó mobiliario a título personal, tal como consta en las actas y se pudo comprobar en sus redes sociales, a pesar que fueron adquiridos con fondos provenientes de la Secretaría de Educación.

Denunciados

De acuerdo a los hallazgos en el expediente y certificado de la licitación LPN=SE-DIGECEBI-DGA 003-2022, este Consejo denunció al ministro de Educación, Daniel Esponda y a los integrantes de la comisión evaluadora, por los delitos de administración desleal del patrimonio y violación a los deberes de los funcionarios.