La discrecionalidad más que la legalidad predomina en el Congreso Nacional en lo referente a la entrega de subvenciones, subsidios y ayudas sociales a los y las diputadas, que en un año recibieron más de 314 millones de lempiras, según la investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). En el informe «Subvenciones, subsidios y fondos de ayuda social en el Legislativo: Excesos y opacidad», se analiza si existe un fundamento legal que faculte al titular de legislativo para autorizar los fondos en concepto de subvenciones, subsidios y ayudas sociales.

Entregas ilegales En enero de 2019, se reformó por adición el artículo 81-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que crea un fondo para los diputados con el fin de apoyar la ejecución de programas de ayudas sociales, sin embargo, dicho artículo manda a establecer una ley especial que regule el manejo de estos fondos, no obstante, en agosto de 2023 se derogó la «Ley del Fondo Departamental», contenida en el decreto 116-2019 que daba cumplimiento al artículo 81-A el cual no fue derogado y, por tanto, se mantiene vigente. Ignorando está disposición, la presidencia del CN justifica la entrega de estos recursos que manejan las y los diputados amparados en el artículo 205 numeral 37 de la Constitución de la República, la cual no faculta al titular del legislativo para autorizar fondos en concepto de subvenciones, subsidios y ayudas sociales sino, todo lo contrario, impone al Congreso Nacional el establecimiento de una ley que regule los casos en que procede el otorgamiento de estos fondos en concepto de subsidios y subvenciones.

El CNA identificó que la asignación de estos fondos públicos se rige por un documento denominado «Manual de procedimiento para otorgar subvenciones o ayudas sociales», un instructivo conformado por cuatro fases que incluye el proceso de liquidación. Sin embargo, dicho manual no cumple con el requisitos de una «ley» que exigen el artículo 205 numeral 37 de la Constitución de la República y el artículo 81-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y por ende, la autorización de los fondos en concepto de subvenciones, subsidios y ayudas sociales sin la existencia de un fundamento legal constituye una extralimitación por parte de quien ejerce la administración del Congreso Nacional.

Opacidad En el marco del Mecanismo de Incidencia Ciudadana (MIC), 139 legisladores se comprometieron a brindar información de su gestión, por lo que se hizo la solicitud correspondiente. En el caso investigado, la información de las subvenciones subsidios y ayudas sociales representa un tema que debe informarse a la ciudadanía para garantizar la transparencia y por esa razón, el CNA requirió a los congresistas de las seis corrientes políticas, pero en el desarrollo de las diligencias de investigación se evidenció la opacidad con la que opera el CN denotando que, en su mayoría las y los diputados se rehúsan a brindar dicha información.

La investigación analizó la información contenida en los documentos denominados «Presupuestos Mensuales Ejecutados» desde la derogación de la ley del fondo departamental en agosto de 2023, hasta el mismo periodo de 2024. De los 256 diputados y diputadas, tan solo cinco presentaron la liquidación de los fondos otorgados por el concepto de subvenciones, subsidios y ayudas sociales mientras que, 51 congresistas informaron a esta instancia que no recibieron las denominadas subvenciones, en cambio 194 no dieron respuesta.

De acuerdo con el análisis financiero, se identificó que el Congreso Nacional, en 12 meses ha autorizado la erogación de un exorbitante monto que asciende a L 314,638,703.88 en concepto de subvenciones, subsidios y ayuda social.

Además se identificó que en dicho periodo, hubo dos meses en los que la erogación de estos fondos fue notablemente superior a los otros meses, el primero en diciembre de 2023, con un total de L 55,683,500.00 y el mayor desembolso ejecutado en 2024 corresponde al mes de abril, con un monto que asciende a L 37,448,420.00.

Denuncia En CNA denunció ante el Ministerio Público (MP) al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo por el supuesto delito de administración desleal del patrimonio público. Asimismo, a diputados del Congreso Nacional y a la oficial de Transparencia del CN por la presunta comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios por omitir la obligación legal de brindar la información pública al CNA relacionada con las subvenciones, subsidios y ayudas sociales.