CNA alerta sobre riesgos laborales en nueva ley
20 de febrero de 2026
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) emitió un pronunciamiento crítico respecto al proyecto de “Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano” que actualmente se debate en el Congreso Nacional, advirtiendo que varias de sus disposiciones podrían poner en riesgo derechos laborales y garantías constitucionales si se aprueba sin modificaciones.
La organización civil, que vigila prácticas administrativas y legales del sector público hondureño, señaló que aunque reconoce la necesidad de reorganizar la estructura estatal y racionalizar el gasto, este proceso no puede hacerse a costa de debilitar protecciones fundamentales establecidas en la legislación laboral y el debido proceso.
Entre los principales puntos de preocupación del CNA está la autorización del proyecto para realizar reducciones de personal, incluso entre empleados contratados o nombrados por acuerdos, al mismo tiempo que se restringirían mecanismos legales que actualmente permiten a los trabajadores impugnar decisiones administrativas.
Según el organismo, esta combinación podría dejar a empleados públicos sin vías efectivas para reclamar ante posibles irregularidades tras una cancelación de plaza.
El pronunciamiento también destaca que el proyecto facultaría al Poder Ejecutivo para anular o rescindir actos administrativos previos, como contratos, licencias y resoluciones, sin parámetros claros ni control jurisdiccional posterior, lo cual a juicio del CNA podría dar lugar a discrecionalidad excesiva e inseguridad jurídica para quienes han celebrado acuerdos o relaciones laborales con el Estado.
Otro aspecto observado por el organismo es la suspensión de la aplicación de ciertas disposiciones de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo que, según su análisis, podría dejar a ciudadanos y trabajadores sin continuidad en la responsabilidad legal del Estado en casos de cierre o supresión de instituciones públicas.
El CNA ha exhortado al Congreso a considerar estas alertas técnicas durante el tercer debate que está próximo a realizarse, enfatizando que cualquier reforma debe garantizar el respeto al debido proceso, el acceso efectivo a la justicia y la protección de derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
El proyecto, que busca reorganizar el aparato estatal y promover medidas destinadas a estimular la economía hondureña, ha generado reacciones diversas en distintos sectores, incluidos sindicatos y agrupaciones políticas, que han expresado inquietudes similares sobre el impacto de sus medidas en la estabilidad laboral.
