La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, advirtió que las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025 podrían desarrollarse en un contexto de estado de excepción, lo que limitaría derechos fundamentales de los ciudadanos.

A través de un mensaje en video, Castellanos indicó que la medida de excepción ha sido implementada mediante 23 decretos sucesivos, pasando de dos municipios a cubrir prácticamente los 18 departamentos del país. “Lo más grave es que, a pesar de sus cuestionables resultados, el estado de excepción podría seguir vigente el día de los comicios”, afirmó.

La titular del CNA destacó que esta situación podría restringir derechos esenciales como la libertad de movimiento, de reunión, de manifestación y la protección contra detenciones arbitrarias.

“Esto generaría un ambiente de control que podría afectar la transparencia y la seguridad del proceso electoral, abriendo la puerta a abusos por parte de agentes estatales, como ha sido documentado por organismos de derechos humanos”, señaló Castellanos.

El organismo hizo un llamado a las autoridades a garantizar que las elecciones se realicen bajo condiciones de libertad y respeto a los derechos democráticos.

La funcionaria enfatizó que el cumplimiento de estas garantías es crucial para proteger la confianza de los votantes y la legitimidad del proceso.

Las elecciones generales de 2025 definirán múltiples cargos de elección popular: presidente, 128 diputados titulares y 128 suplentes al Congreso Nacional, 20 diputados titulares y 20 suplentes al Parlamento Centroamericano (Parlacen), así como 298 alcaldes, 298 vicealcaldes y 2,168 regidores. Entre los principales candidatos presidenciales figuran Rixi Moncada (Libre), Nasry Asfura (PN) y Salvador Nasralla (PL), quienes representan distintas corrientes políticas y enfoques de gobierno.

Castellanos concluyó que la prioridad debe ser asegurar un proceso electoral transparente, libre y seguro, recordando que cualquier limitación de derechos podría impactar de manera directa en la participación ciudadana y en la credibilidad del voto.