La Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) gestionó ampliaciones y ejecutó más de 600 millones de lempiras en publicidad y propaganda realizando contrataciones de manera directa, amparándose en el Decreto Ejecutivo 001-2023, sin cumplir lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, su reglamento, la Guía Única de Contrataciones Directas de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), y la Constitución de la República.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presenta el informe «La Publicidad y Propaganda de la Corrupción», donde revela las conexiones forjadas entre la SPE y la Secretaría de Finanzas (Sefin), que consintió el aumento presupuestario de manera desproporcionada, sin estar fundamentado en una necesidad real, que fue manejado con total discrecionalidad para promocionar las actividades gubernamentales.

La ruta de las transferencias

El CNA analizó la ejecución presupuestaria del objeto de gasto 25600 «Publicidad y Propaganda» de la SPE, que en 2022 llegó a la cifra a L 1,817,000.00. En el 2023 ejecutó L 162,372,333.3 y hasta noviembre de 2024, dicha secretaría ejecutó L 438,251,964.15, más del doble de lo reportado el año anterior.

La Sefin autorizó ampliaciones presupuestarias a la SEP, utilizando fondos provenientes de un préstamo suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), de la institución 449 (partida confidencial) y de donaciones realizadas por el Banco Central de Honduras (BCH).

En el caso del préstamo del BCIE del que utilizaron los fondos, este fue suscrito para el programa Temporal de Apoyo ante la crisis de los combustibles en Honduras, que en una de las claúsulas establecía la prohibición de darle un uso diferente a los fondos.

De la institución 449, denominada «Servicios Financieros de la Administración Central», que comúnmente se le conoce como partida «Confidencial» o partida de «Contingencia», creada para albergar fondos para atender, entre otras cosas, los daños provocados por las diversas emergencia, se identificó que los recursos se tomaron de la estructura presupuestada en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

El Banco Central de Honduras (BCH) donó más de 200 millones de lempiras, que aunque cuenta con un sustento legal, muestra la indiferencia con la que se atienden las necesidades de la población, puesto que, las autoridades prefirieron destinar los recursos para gastos de publicidad y propaganda y no en dar respuesta a los múltiples requerimientos de salud, educación o seguridad.

Sin transparencia

El decreto ejecutivo 001-2023, autorizó a la Dirección General de Información y Prensa del Gobierno de la República, adscrita a la SPE, a realizar la contratación directa para la adquisición y el suministro de servicios técnicos y artísticos especializados en materia de comunicación, pauta publicitaria, elaboración de insumos o contenidos publicitarios, monitoreo, mediciones, encuestas, asesorías y estudios de opinión, entre otros.

A raíz de ese decreto, la SPE suscribió contratos de manera directa con diversos proveedores, sin haber realizado los procedimientos enmarcados en la ley, que en algunos casos presentaron irregularidades notorias, como ser, empresas que aparentemente fueron creadas para ser beneficiadas con pagos de este tipo. Incluso, se destinó una suma millonaria a una empresa cuyo representante legal está vinculado con el gobierno actual.

Denunciados

El CNA denunció ante el Ministerio Público al Secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, y a dos funcionarias que ostenta el cargo de gerente administrativa, María Maradiaga y Rosy Jacqueline Díaz, por suponerlos responsables de la posible comisión de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios. Asimismo, se denunció a los exministros de Finanzas, Marlon David Ochoa Martínez y Rixi Ramona Moncada Godoy, y al actual secretario Christian David Duarte Chávez, por la supuesta comisión del delito de malversación de caudales públicos por aplicación oficial diferente.