El caso de Koriun Inversiones ha sacudido a Honduras tras revelarse que operaba como una entidad financiera no regulada, atrayendo a miles de inversionistas en su mayoría personas de bajos ingresos que ahora enfrentan la pérdida de sus ahorros.

Ante el colapso de esta presunta estafa piramidal, el gobierno de Xiomara Castro propuso utilizar fondos públicos para compensar a los afectados, una medida que ha generado controversia. La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, denunció que tal decisión no solo es populista, sino posiblemente ilegal, por destinar recursos del Estado a cubrir fraudes del sector privado, lo que podría sentar un peligroso precedente en la gestión pública.

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, criticó enérgicamente la decisión del gobierno de Honduras de utilizar fondos públicos para resarcir a los afectados por la presunta estafa cometida por la empresa Koriun Inversiones, una financiera no regulada que habría defraudado a miles de personas.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Castellanos manifestó: “Pagar ‘estafas privadas’ con dinero público no es solo inmoral, también sería un delito”. Agregó que recurrir a los recursos del Estado para cubrir este tipo de fraudes, bajo una lógica populista, solo ampliaría “la pirámide de corrupción gubernamental”.

Koriun Inversiones operó durante siete años sin supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), captando dinero de ciudadanos muchos de ellos obreros, exempleados de maquila y personas de bajos ingresos con la promesa de atractivos rendimientos. Sin embargo, la Fiscalía ha confirmado que se trata de una estafa piramidal, que la empresa actuaba ilegalmente y que no cuenta con registros contables confiables ni patrimonio suficiente para devolver el dinero a sus aportantes.

En respuesta a las crecientes protestas de los afectados, el presidente de la CNBS, Marcio Sierra Discua, anunció que el gobierno, por orden directa de la presidenta Xiomara Castro, está preparando un proyecto de ley que será enviado al Congreso Nacional. Este proyecto busca crear un fondo con dinero público para brindar apoyo económico a los damnificados por el colapso de Koriun.

La propuesta ha generado un amplio debate en el país. Mientras sectores sociales muestran empatía con las víctimas, también crece la preocupación por el precedente legal y ético que supondría que el Estado asuma responsabilidades financieras derivadas de fraudes privados. Organismos como el CNA y voces críticas señalan que el uso de fondos públicos para este tipo de fines podría ser interpretado como malversación, además de vulnerar los principios de legalidad y equidad fiscal.

El caso sigue desarrollándose mientras cientos de personas afectadas insisten en recuperar su dinero, aunque crece la incertidumbre sobre el futuro de la propuesta gubernamental y las implicaciones legales que podría acarrear.