
Cespad advierte retraso en normas para voto en el extranjero

17 de septiembre de 2025
17 de septiembre de 2025
El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) expresó su inquietud por la ausencia de reglamentos claves para el voto en el extranjero, a menos de tres meses de las elecciones generales en Honduras.
La asesora legal de la institución, Osiris Payes, explicó que el tema preocupa porque, por primera vez, los hondureños en el exterior tendrán un peso significativo en los comicios.
“El censo habilitado en el extranjero representa alrededor del 7 % del total de votantes, es decir, unos 400 mil ciudadanos, y aún no se tienen reglas claras para su participación”, indicó.
Payes señaló que persisten vacíos en la coordinación entre el Registro Nacional de las Personas (RNP), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las representaciones diplomáticas.
Muchos compatriotas fuera del país aún no cuentan con su Documento Nacional de Identificación (DNI), lo que, según denuncias no confirmadas, ha generado sospechas de entregas masivas con posibles fines partidarios.
Otro de los puntos de incertidumbre es la capacidad del CNE para organizar el proceso en el exterior. Se estima que se requerirían unas 300 Juntas Receptoras de Votos en diferentes países, algo que, según Payes, no se puede garantizar sin un marco normativo sólido.
Aunque destacó como positivo que ya se haya aprobado la observación electoral, Payes recordó que aún quedan pendientes normas esenciales como:
Reglamento para el voto en el extranjero.
Reglamento sobre nulidad de elecciones.
Reglamento para la emisión de papeletas.
“La aprobación debería realizarse al menos 30 días antes de los comicios, de lo contrario se corre el riesgo de afectar la transparencia del proceso”, advirtió.
El próximo 30 de noviembre, más de seis millones de hondureños dentro y fuera del país podrán elegir al presidente de la República, diputados, alcaldes y representantes al Parlamento Centroamericano.
El papel de los votantes en el extranjero se perfila como decisivo, pero la falta de claridad normativa mantiene el debate abierto.


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