El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) lanzó una advertencia contundente sobre la actual crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, al señalar que sin acuerdos legítimos sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 no tendrán legitimidad ni aceptación pública.

Según el CESPAD, el conflicto en torno al TREP no es simplemente un desacuerdo técnico, sino una disputa estructural que compromete las reglas mínimas del juego democrático. La organización sostiene que imponer decisiones por mayoría sin el respaldo consensuado de todos los actores rompe con los principios de legalidad y legitimidad, fundamentales para la credibilidad del proceso electoral y la estabilidad institucional.

El análisis subraya que el actual clima de desconfianza, las acusaciones anticipadas de fraude y la falta de reglas claras para la transmisión de resultados afectan directamente la confianza pública y el control ciudadano sobre los comicios.

CESPAD advierte que el artículo 279 de la Ley Electoral establece que los lineamientos del TREP deben aprobarse por consenso y con al menos seis meses de anticipación, algo que hasta ahora no se ha cumplido. Esta omisión compromete no solo la legalidad del proceso, sino también su transparencia y aceptación.

Además, señalan que los artículos 266 y 278 obligan a que el escrutinio y divulgación de resultados se realicen a partir de las actas de cierre firmadas por los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), sin delegaciones externas sin respaldo legal. El incumplimiento de estos principios desnaturaliza la soberanía popular y debilita el proceso democrático.

CESPAD llama a una revisión urgente y pública de los términos de referencia del TREP, con la participación equitativa de los tres consejeros del CNE, y a establecer un pacto político-electoral vinculante que defina de forma clara el sistema de transmisión de resultados y sus mecanismos de control, con el respaldo de todas las fuerzas políticas.

Finalmente, propone solicitar acompañamiento técnico de organismos especializados y misiones de observación internacional para garantizar un proceso transparente, creíble y auditable. De no cumplirse estas condiciones, concluyen, el 30 de noviembre podría haber votos y resultados, pero no certeza ni legitimidad, poniendo en riesgo la frágil gobernabilidad democrática del país.