Casa Alianza reporta 108 homicidios de jóvenes en Honduras durante 2025

15 de mayo de 2025
15 de mayo de 2025
La organización Casa Alianza dio a conocer un informe alarmante sobre la situación de violencia que afecta a niños, adolescentes y jóvenes en Honduras durante el año 2025, pese a la continuidad del Estado de Excepción impulsado por el Gobierno, que hasta ahora no ha logrado frenar los crímenes.
Según la directora de Casa Alianza, Cándida Sauceda, en lo que va del año se han registrado 108 homicidios de jóvenes entre 0 y 23 años, dentro de un total de 722 muertes violentas en todo el país de enero a mayo. De estos homicidios, 53 corresponden a menores de 0 a 18 años y 55 a jóvenes de 19 a 23 años. Solo en el mes de mayo se contabilizaron 49 muertes violentas.
Sauceda señaló la gravedad de estos números y la vulnerabilidad que enfrentan las nuevas generaciones en Honduras:
“Hablar de 49 muertes violentas en un solo mes es una cifra alta. Y en lo que va del año, 722 homicidios, de los cuales 108 corresponden a jóvenes, es algo que debe llamarnos la atención”.
La representante de Casa Alianza lamentó que la seguridad de la niñez y juventud no sea una prioridad en la agenda del Gobierno de Xiomara Castro, lo que para ellos como organización civil resulta preocupante.
“No estamos creando un país seguro para niños, niñas y adolescentes. Los departamentos con mayor violencia actualmente son Francisco Morazán, Cortés y Olancho. Las cifras no disminuyen, sino que empeoran”.
Sauceda recordó que aunque existen políticas y sistemas como el CIGADEN (Consejo Intersectorial para la Garantía de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes), la falta de voluntad política para fortalecer estos mecanismos de protección se traduce en que continúan perdiendo la vida muchos menores.
“Es un año político, pero los niños y niñas siguen perdiendo la vida en Honduras. Nuestro llamado es a poner atención urgente y verdadera voluntad para protegerlos”.
Este informe pone en evidencia la crisis de seguridad y la insuficiente respuesta estatal para proteger a los sectores más vulnerables del país, en medio de un contexto donde las medidas excepcionales no han logrado disminuir la violencia juvenil.