La decisión del gobierno de Estados Unidos de no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras ha provocado una ola de incertidumbre y preocupación entre la comunidad migrante. Uno de los primeros en reaccionar fue Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, quien calificó la medida como "un golpe devastador" para los más de 50,000 hondureños que dependen de este programa migratorio para vivir y trabajar legalmente en territorio estadounidense.

“El anuncio nos ha caído como balde de agua fría”, expresó Flores este lunes en una rueda de prensa en Miami, donde reside gran parte de la comunidad hondureña beneficiada por el TPS. “Esta decisión no solo pone en riesgo el futuro de miles de personas, sino que también amenaza la estabilidad económica de familias enteras y comunidades que se verían fragmentadas”, añadió.

El TPS, creado en 1990, otorga protección a inmigrantes provenientes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o condiciones extraordinarias. En el caso de Honduras, fue concedido en 1999 tras la devastación del huracán Mitch. Desde entonces, ha sido prorrogado por sucesivas administraciones. Su no renovación, según Flores, representa una ruptura del compromiso moral de EE.UU. con quienes han contribuido al país durante más de dos décadas.

Flores adelantó que ya se están movilizando acciones legales para intentar detener la cancelación. “Organizaciones de derechos civiles y grupos de abogados migratorios están trabajando en una demanda colectiva para frenar esta medida. En Honduras no hay condiciones para un retorno seguro, ni desde el punto de vista económico ni en términos de seguridad”, subrayó.

También hizo un llamado a la calma y a la organización estratégica. “No es momento de pánico ni decisiones impulsivas. Tenemos 60 días para actuar. Ya enfrentamos un intento similar de cancelación en 2018, y lo resistimos. Esta vez no será diferente, pero necesitamos unidad y claridad”, dijo.

Flores también criticó duramente la pasividad del gobierno hondureño, que según él no ha mostrado una posición firme ni ha realizado gestiones visibles para defender a sus compatriotas en el exterior. “Honduras mantiene acuerdos bilaterales con EE.UU., incluso uno tan polémico como el de tercer país seguro. Esperábamos que al menos se hiciera una declaración diplomática fuerte o se activaran canales de negociación”, lamentó.

A su juicio, la falta de presencia institucional en temas migratorios expone a los hondureños a una doble vulnerabilidad: por un lado, la desprotección legal en EE.UU., y por otro, un país de origen que sigue siendo incapaz de ofrecer garantías mínimas de retorno digno.

La medida también representa un riesgo económico para las comunidades de origen. Muchos de los beneficiarios del TPS son sostén de sus familias en Honduras a través de remesas, que representan un pilar del PIB nacional.

La posible deportación masiva no solo afectaría a quienes residen en EE.UU., sino que también podría generar una crisis social en un país ya afectado por altos niveles de desempleo, violencia y migración forzada.

Finalmente, Flores pidió a la comunidad hondureña mantenerse informada por canales oficiales, rechazar rumores y fortalecer los lazos con organizaciones de apoyo. “Nuestra lucha sigue. No permitiremos que nos arranquen el derecho a un futuro construido con esfuerzo y sacrificio”, concluyó.