CAH exige esclarecer homicidio del abogado Altamirano y otros casos

7 de febrero de 2026
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, solicitó este viernes a las autoridades competentes que realicen una investigación profunda sobre el reciente asesinato del abogado penalista René Altamirano Interiano y otros hechos de violencia que afectan al gremio jurídico nacional.
Altamirano fue asesinado el mismo viernes en San Pedro Sula, zona norte del país, cuando fue atacado por al menos dos sujetos que se desplazaban en motocicleta y le dispararon en múltiples ocasiones cerca de su despacho profesional en el barrio Medina. El jurista falleció casi al instante, antes de que los servicios de emergencia pudieran socorrerlo.
La muerte violenta de este profesional ha generado conmoción en la comunidad legal hondureña y ha vuelto a poner el foco en los crecientes niveles de violencia que enfrenta el país, donde abogados, defensores de derechos humanos y otros actores sociales han sido víctimas de ataques letales en los últimos años.
En su pronunciamiento, Solórzano calificó el asesinato como un hecho que no puede quedar impune y urgió a las instituciones del Estado, como la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público, a trabajar sin dilaciones para identificar y capturar a los responsables, así como para esclarecer los móviles detrás de este y otros episodios similares.
La familia, colegas y aliados de Altamirano también han exigido justicia. Su hijo expresó que “ser abogado en este país es un riesgo”, y destacó que su padre nunca había enfrentado amenazas conocidas pese a su labor intensa en casos complejos y sensibles para diversos sectores.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que el crimen podría estar ligado a conflictos de tierras y otros intereses económicos, según algunas hipótesis preliminares compartidas por defensores sociales, lo que intensifica el llamado para una investigación integral de todos los posibles factores que llevaron al homicidio.
El asesinato de Altamirano ha provocado diversas reacciones en el ámbito público. Líderes sociales y también figuras del sector justicia han condenado el atentado, resaltando la necesidad de reforzar mecanismos de protección para profesionales del derecho y para cualquier ciudadano que pueda encontrarse en situaciones de riesgo por su trabajo o compromiso con causas sociales.
Ante este escenario, el CAH reiteró su disposición a colaborar con las autoridades judiciales y policiales, insistiendo en que esclarecer estos hechos represente no solo un acto de justicia para la familia de Altamirano, sino también una defensa de la seguridad y el estado de derecho en Honduras.



