La Coalición Anticorrupción (CAC-H) lamenta profundamente el asesinato de Juan López, defensor incansable de los bienes comunes de la naturaleza, el medio ambiente y los derechos humanos en Honduras, trágico suceso que ocurrió la noche del sábado 14 de septiembre en el municipio de Tocoa, Colón, cuando López salía de la iglesia de celebrar la palabra. El asesinato, perpetrado por sicarios que se desplazaban en motocicleta, representa otro ataque contra quienes defienden los bienes naturales y enfrentan un modelo extractivista permeado por la corrupción en nuestro país.

Juan López era un hombre de fe, comprometido con su comunidad y con la defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras, los ríos Guapinol y San Pedro, y la montaña de Botaderos. Además, como regidor municipal de Tocoa se había destacado por su lucha política contra la corrupción, que incluyó un llamado para que el alcalde Adán Fúnez renunciara de su cargo, tras la difusión de un video que evidenciaba su vinculación con redes de narcotráfico. Juan López, había denunciado amenazas de muerte provenientes de sectores vinculados a la industria extractivista, específicamente de Inversiones los Pinares, Grupo EMCO e Inversiones Ecotek, empresas señaladas por su impacto destructivo en el medio ambiente.

A pesar de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Mecanismo de Protección del Estado hondureño, su vida fue violentamente arrebatada. Este crimen pone en evidencia la incapacidad del Estado para proteger a los defensores territoriales y los bienes comunes de la naturaleza.  

Desde la CAC-H, exigimos al Ministerio Público realizar una investigación pronta, exhaustiva y transparente, acompañada por una comisión internacional independiente que garantice la recolección rigurosa de pruebas y contribuya al esclarecimiento de la verdad y la justicia en el proceso. No es suficiente identificar a los autores materiales; es imprescindible, investigar a los autores intelectuales detrás de este crimen. La investigación debe centrarse en posibles responsables a nivel municipal, así como en aquellos con intereses económicos en la región, particularmente los vinculados a la industria extractivista y el narcotráfico.

La muerte de Juan López no puede quedar impune. Su asesinato es un reflejo del nexo entre la corrupción, el narcotráfico y la impunidad que asola a nuestro país. Nos unimos al clamor de las organizaciones nacionales e internacionales, que exigen una investigación pronta y eficaz, así como la protección inmediata de su familia y de los miembros del Comité de Bienes Públicos y Municipales de Tocoa.

La lucha de Juan López sigue viva en todos aquellos que defienden el territorio, los bienes comunes de la naturaleza y los derechos humanos.