En medio de la creciente controversia por las fallas en las elecciones primarias del 9 de marzo, la cúpula militar y el gobierno hondureño han endurecido su postura, respaldándose mutuamente y señalando a la oposición como responsable de la crisis. Mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) trabaja contra el reloj para emitir la declaratoria electoral el próximo 8 de abril, las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo han celebrado reuniones de alto nivel para consolidar sus posiciones.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, ha manifestado reiteradamente su descontento con el CNE, lo que ha generado preocupaciones dentro de la institución armada sobre el impacto de estos enfrentamientos en su reputación. El gobierno, por su parte, ha cerrado filas con las Fuerzas Armadas, argumentando que los ataques a la institución castrense buscan debilitar su papel constitucional.

El sábado, la cúpula militar convocó a oficiales en la Fuerza Aérea Hondureña para discutir el proceso electoral. En un informe posterior, se responsabilizó únicamente al CNE por los problemas registrados en la jornada electoral, exonerando a las Fuerzas Armadas de cualquier falla en la custodia y transporte del material electoral. Esta reunión también generó reacciones debido a que todos los oficiales asistieron con uniforme de combate, un gesto interpretado como una demostración de poder.

Las críticas aumentaron al no aclararse por qué las maletas electorales estuvieron sin resguardo militar en puntos no autorizados. La falta de explicaciones ha intensificado el debate sobre la responsabilidad en los retrasos del proceso electoral.

El domingo, el gobierno celebró una reunión en Lepaguare, encabezada por la presidenta Xiomara Castro y altos funcionarios, incluyendo a la ministra de Defensa y virtual candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada. En el encuentro, los ministros reafirmaron su respaldo a Moncada y al general Hernández, y se comprometieron a impulsar proyectos que favorezcan la continuidad del partido en el poder.

Nunca antes en la historia democrática reciente de Honduras un Consejo de Ministros había declarado abiertamente su intención de utilizar recursos estatales para influir en los comicios. La ministra de la Presidencia, Sarahí Cerna, aseguró que Moncada cuenta con el "voto de confianza" del gabinete y del alto mando militar.

Mientras tanto, el Ministerio Público ha citado de urgencia a los consejeros del CNE para rendir declaraciones sobre los hechos del 9 de marzo. Esta decisión ha generado críticas por coincidir con la etapa final del conteo electoral. Analistas políticos han advertido que estas acciones podrían debilitar la institucionalidad del CNE.

La oposición y organizaciones civiles han expresado su preocupación por el rumbo que ha tomado la situación. Carlos Hernández, director de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), ha solicitado medidas de protección para las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, quienes han sido señaladas directamente por la cúpula militar.

El clima político en Honduras sigue tensionándose a medida que se acercan las elecciones generales del 30 de noviembre, en un escenario donde las instituciones se encuentran cada vez más polarizadas y las dudas sobre la transparencia del proceso electoral persisten.