Bancada nacionalista rechaza el Presupuesto General 2025 por ser perjudicial para el pueblo

21 de diciembre de 2024
La diputada Merary Díaz, del Partido Nacional, expresó este viernes la postura de su bancada respecto a la convocatoria realizada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para una sesión el próximo lunes. En esta reunión, se espera discutir y aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2025, así como abordar otros temas importantes.
Díaz adelantó que el Partido Nacional votará en contra del presupuesto, argumentando que este no es beneficio para la ciudadanía y denunciando irregularidades en la asignación de partidas presupuestarias. Según la diputada, se han detectado aumentos millonarios en algunas Secretarías de Estado que podrían destinarse a campañas políticas para las próximas elecciones primarias y generales.
La parlamentaria criticó la insuficiencia de fondos asignados a las Secretarías de Salud y Educación, destacando la falta de medicamentos en hospitales y centros de salud pública. También cuestionó la ubicación de fondos en partidas confidenciales, como la partida 449, donde asegura que se encuentra el dinero destinado a las elecciones generales. Según Díaz, estos recursos deberían transferirse directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Además, señaló la necesidad de garantizar que los aumentos salariales para los maestros se reflejen en el presupuesto de la Secretaría de Educación y no en otras partidas.
Díaz también mencionó que las observaciones de la bancada nacionalista al presupuesto no han sido aceptadas y expresó dudas sobre si el oficialismo logrará acuerdos con otras bancadas, como la del Partido Liberal.
Finalmente, hizo un llamado a la población hondureña a mantenerse alerta frente a posibles intentos del Partido Libertad y Refundación (Libre) de aprobar el presupuesto con una mayoría reducida de 35 votos, lo cual calificó como antidemocrático y no representativo. Según la diputada, cualquier presupuesto debe ser aprobado por al menos 65 escaños, en un proceso transparente y legítimo.



