Auto de formal procesamiento para tres exfuncionarios de Salud y dos representantes de Astropharma S.A

20 de noviembre de 2024
20 de noviembre de 2024
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) logra auto de formal procesamiento contra cinco acusados en el caso relacionado al desvío de millones de lempiras entre 2009 y 2012 destinados para medicamentos en el Hospital Regional del Sur, en Choluteca.
El juez en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción dictó el auto de
formal de procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva a Carlos Alberto Gonzáles
y María Nieves Martínez Cárdenas por el delito de fraude, uso y falsificación de documentos
públicos; Vinicio David Monterrosa Samayoa, exgerente administrativo de la Secretaría de Salud
por violación de los deberes de funcionarios; los representantes de Astropharma S.A.: Marco
Tulio Gutiérrez y Gilberto Lezama Toro, por fraude a título de cooperador necesario.
La audiencia preliminar quedó señalada para el 12 de diciembre de 2024 a las 10 de la mañana.
También son acusados en este caso: Juan Pastor Rodríguez Molina; Hernán Enrique Vindel
Mourra; Martha Lidia Girón; Gustavo Armando Avelar Aguilar y Moisés Torres López
(funcionarios de Salud). Los delitos imputados van desde fraude, falsificación de documentos
públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
Según las investigaciones, estas personas habrían manipulado los procesos de licitación y
simularon la participación de otras empresas. También, fraccionaron los contratos para evadir la
licitación pública, asegurando que Astropharma S.A obtuviera 50 contratos de compras y se
beneficiará de manera irregular con más de 20 millones de lempiras (L 20,430,466.38).
Además, empleados del Hospital del Sur alteraron actas de recepción y falsificaron registros para
encubrir los incumplimientos de Astropharma S.A. en los plazos de entrega de medicamentos
establecidos en el contrato, evitando una multa de casi L 13 millones, provocando un perjuicio
total, de L 33.4 millones (L 33,403,166.38). Documentos financieros señalan que la empresa pagó
sobornos para asegurar su favoritismo en contratos, evidenciando, así como la salud de los
hondureños fue usada como moneda de cambio para beneficiar a un grupo.