ASJ exige al gobierno de Xiomara Castro estrategias urgentes ante las políticas migratorias y comerciales de Donald Trump


17 de enero de 2025
17 de enero de 2025
La organización civil insta al gobierno de Xiomara Castro a implementar estrategias concretas para mitigar las consecuencias económicas y sociales.
En medio de un panorama incierto para Honduras, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió este miércoles sobre los graves efectos que podrían derivarse de las políticas migratorias y comerciales anunciadas por Donald Trump, quien asumirá su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos en cinco días.
Entre las principales medidas anunciadas destaca la deportación de hasta 11 millones de inmigrantes indocumentados en los próximos cuatro años, con un millón de deportaciones proyectadas en el primer año, según declaraciones de Tom Holman, designado como encargado de la frontera. Para Honduras, este escenario representaría la llegada de al menos 120.000 deportados en el primer año, lo que podría generar un impacto devastador en las remesas y la economía nacional.
Las remesas, que representan el 26 % del Producto Interno Bruto (PIB) hondureño (USD 8.946,3 millones), podrían experimentar una reducción del 10 %, equivalente a USD 895 millones, si las proyecciones de deportaciones se cumplen. En un escenario más crítico, con una disminución del 20 %, la pérdida ascendería a USD 1,789 millones, casi la mitad del valor de las exportaciones de maquila hacia los Estados Unidos.
Además, el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) el 5 de julio de 2025 para 55,000 hondureños intensificaría el flujo de deportados y reduciría aún más las remesas enviadas por la diáspora hondureña.
En el ámbito comercial, Trump ha advertido sobre la imposición de aranceles del 25% a productos provenientes de países que no controlan el flujo de drogas e inmigración. Con el 51% de las exportaciones hondureñas destinadas al mercado estadounidense, sectores clave como maquilas y café se verían severamente afectados.
La ASJ subrayó que, a pesar de la gravedad de estas amenazas, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro aún no ha presentado un plan concreto para mitigar los efectos de las políticas estadounidenses. Aunque Castro mencionó en una cadena nacional el 1 de enero la posibilidad de cerrar la base militar estadounidense en Palmerola como respuesta a las deportaciones, esta medida ha sido catalogada más como una amenaza que una estrategia factible.
La Asociación para una Sociedad más Justa hizo un llamado al gobierno para convocar a todos los sectores de la sociedad y trabajar en una estrategia integral que priorice la estabilidad económica y social del país. Entre las medidas urgentes, la ASJ destacó la necesidad de:
Fortalecer las políticas internas de generación de empleo y desarrollo para absorber el impacto de los retornados.
Negociar con la administración estadounidense para evitar un deterioro de las relaciones comerciales.
Proteger los derechos y el bienestar de los hondureños en el extranjero, especialmente aquellos bajo el TPS.