El presidente Nasry Asfura emitió un acuerdo oficial mediante el cual delega a su secretario privado y coordinador general de gobierno, Luis Alonso Castro, la facultad de firmar nombramientos y cancelaciones de cargos dentro del Poder Ejecutivo, con el objetivo de agilizar la gestión administrativa del Estado.

La disposición fue publicada en el diario oficial La Gaceta bajo el número de edición 37,069 el pasado 13 de febrero de 2026 y entró en vigencia de inmediato.

Con este mandato, Castro quien ocupa el cargo con rango de secretario de Estado adscrito a la Presidencia queda autorizado a suscribir en representación del mandatario los acuerdos ejecutivos que tienen que ver con movimientos de personal en las diversas secretarías de Estado e instituciones descentralizadas.

Según el documento oficial, la delegación se sustenta en las normas constitucionales y legales vigentes, que permiten al jefe del Ejecutivo trasladar temporalmente determinadas funciones administrativas a uno de sus colaboradores de confianza para mejorar la eficiencia y rapidez en el trámite burocrático.

En la Constitución hondureña se especifica que la decisión de nombrar o separar a altos funcionarios corresponde al presidente, pero la legislación secundaria habilita la transferencia de la firma a secretarios cuando así lo considere conveniente el Ejecutivo.

La medida se interpreta como parte de las acciones de la administración actual para agilizar la toma de decisiones en materia de recursos humanos del gobierno, uno de los temas que tradicionalmente ha sido criticado por su lentitud y enredos administrativos.

Al delegar la firma de actos de nombramiento en una sola persona con rango de secretario, se espera que los procesos internos de contratación y desvinculación sean más rápidos, especialmente en instituciones donde se requiere cubrir puestos con urgencia.

Expertos en derecho administrativo explican que este tipo de delegaciones son procedimientos habituales en gobiernos contemporáneos, siempre y cuando no contravengan los principios legales y se respeten los límites establecidos en la Constitución y la Ley General de la Administración Pública.

La intención, señalan, es que la figura del secretario privado al tener acceso directo a la agenda presidencial pueda ejecutar esos actos con respaldo institucional y sin dilaciones innecesarias.

No obstante, algunos analistas sugieren que este tipo de decisiones deben ir acompañadas de mecanismos de transparencia y control interno para evitar posibles cuestionamientos sobre el uso discrecional de las facultades delegadas y garantizar que se apliquen criterios técnicos en la selección y remoción de funcionarios públicos.

Con la firma de este acuerdo, el Gobierno hondureño busca dotarse de mayor operatividad en materia de gestión de personal durante un periodo en el que enfrenta múltiples desafíos de administración interna en diversas dependencias estatales.