La posibilidad de vender el avión presidencial hondureño ha regresado al centro del debate político después de que el presidente electo, Nasry Asfura, solicitara oficialmente al Congreso Nacional la autorización para proceder con la operación, argumento que busca traducir en recursos para atender necesidades sociales y reducir gastos estatales.

La petición fue anunciada el 25 de enero de 2026 por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, durante la instalación de la nueva legislatura, en un llamado a los diputados de todas las bancadas para respaldar la iniciativa de subastar o vender la aeronave institucional a través de mecanismos legales.

La aeronave en cuestión, un Embraer Legacy 600 con matrícula FAH-001, fue adquirida en 2014 bajo la administración anterior y ha sido objeto de controversia política durante varios años debido a su alto costo de mantenimiento y al uso que se le ha dado, incluidas misiones humanitarias como la repatriación de hondureños fallecidos en el exterior.

Un obstáculo relevante para concretar esta operación en el pasado ha sido la falta de documentación legal que acredite plena propiedad estatal de la aeronave y permita su inclusión formal como bien disponible para la venta, situación que generó trabas administrativas y dejó sin efecto intentos previos de subasta durante la gestión saliente.

Además, la discusión política incluye reacciones diversas dentro del propio Congreso y la sociedad. Mientras algunos legisladores ven la venta como una muestra de austeridad y una manera de liberar recursos para programas sociales prioritarios, otros han calificado la iniciativa de "demagogia" o han recordado que la compra original fue supervisada por el mismo partido político del mandatario electo.

Históricamente, la aeronave ha representado un gasto considerable en mantenimiento y operación, con cifras que superan los 70 millones de lempiras en los últimos años, según datos oficiales, un punto que ha sido utilizado como argumento por quienes apoyan su venta.

La gestión de Asfura, que asumirá la presidencia el 27 de enero de 2026, ha puesto en la agenda legislativa medidas que combinan políticas de reducción del gasto con intentos de reforzar la legitimidad institucional. La posible venta del avión presidencial se suma a otras propuestas emergentes en el Congreso y refleja los desafíos de equilibrar políticas de austeridad con debates sobre patrimonio estatal y prioridades públicas.

El siguiente paso para este planteamiento será el análisis y eventual aprobación de un decreto por parte de los diputados, en un proceso que podría definir si la aeronave deja de ser patrimonio del Estado o si permanece bajo la gestión de la Fuerza Aérea Hondureña mientras se esclarecen los aspectos legales pendientes.