El presidente electo Nasry “Tito” Asfura ha señalado que el régimen de estado de excepción actualmente vigente en el país no seguirá durante su gestión, una medida que ha estado activa de forma continua desde 2022 y que ha generado intensos debates sobre su impacto en las libertades civiles y el proceso electoral hondureño.

En declaraciones recientes, Asfura afirmó que la futura administración, que asumirá el 27 de enero de 2026, no mantendrá el estado de excepción impuesto por el gobierno saliente. Según el presidente electo, la seguridad y el orden público deben gestionarse “creyendo en las instituciones” y enfocándose en inversión, empleo y desarrollo económico como pilares para la estabilidad social, en lugar de depender de medidas extraordinarias que restringen derechos fundamentales.

El estado de excepción en Honduras ha sido objeto de polémica durante gran parte de los últimos años. Fue instaurado inicialmente por el gobierno para abordar la violencia y la inseguridad, pero su vigencia prolongada que ha restringido derechos como la libre reunión y la circulación ha sido cuestionada por sectores de la sociedad civil, expertos en derechos humanos y abogados constitucionalistas, quienes consideran que una medida de este tipo no debería extenderse sin una justificación estricta y un control judicial adecuado.

De hecho, la vigencia de la medida ha generado acciones legales ante la justicia hondureña. Un recurso de amparo fue elevado al pleno de la Corte Suprema de Justicia debido a la falta de unanimidad en la Sala Constitucional, lo que desplazó la decisión final sobre la suspensión de la medida al máximo tribunal.  

Asimismo, abogados han presentado recursos de inconstitucionalidad argumentando que la extensión del estado de excepción vulnera garantías constitucionales clave en un contexto electoral.

Organizaciones nacionales e internacionales también han advertido sobre los posibles efectos negativos de mantener este régimen durante procesos democráticos.

La Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos del Continente Americano (Rindhca) y otros sectores han señalado que el estado de excepción puede afectar la percepción de imparcialidad y transparencia de las elecciones generales, al restringir libertades y limitar condiciones para un ambiente electoral libre.

La promesa de Asfura de no continuar con esta medida excepcional se enmarca además en un escenario político aún marcado por tensiones tras un proceso electoral ajustado y con denuncias de irregularidades, en el cual el propio presidente electo ha sido proclamado tras semanas de escrutinio.

Analistas señalan que esta decisión puede ser un intento de reducir la percepción de autoritarismo y de restaurar libertades básicas en la fase previa a su toma de posesión, así como una señal para distintos sectores sociales e inversionistas de que el país busca un enfoque más institucional y menos basado en medidas excepcionales para enfrentar la inseguridad.

Queda por verse cómo se materializará esta postura una vez que Asfura asuma el cargo, dado que actualmente el estado de excepción está formalmente activo y es respaldado por decisiones legislativas recientes.