La administración del presidente Nasry “Tito” Asfura emitió una directiva ejecutiva este miércoles mediante la cual declara nulas varias disposiciones contractuales generadas en los meses finales del gobierno de Xiomara Castro, con el objetivo de dejar sin efecto aquellos acuerdos que, según el Ejecutivo, pretendían prolongar su vigencia más allá del cambio de administración.

La medida fue adoptada por medio de una circular oficial que señala que todos los contratos, dictámenes y lineamientos instrumentados por la gestión saliente que extienden obligaciones administrativas o laborales al nuevo período de gobierno “quedan sin valor ni efecto” a partir del 27 de enero de 2026, fecha en que Asfura asumió la Presidencia.

Según el documento, la decisión debe aplicarse de manera inmediata y obligatoria en todas las dependencias del Estado, sin excepciones, y busca evitar que actos administrativos del período anterior impongan compromisos que no cuentan con sustento presupuestario o jurídico para surtir efectos en la presente administración.

La circular hace referencia, en particular, a la circular 28‑2025, emitida el 30 de diciembre de 2025, la cual había autorizado diversas contrataciones que carecerían de respaldo legal o financiero para el año fiscal en curso. Estos dictámenes, según el nuevo gobierno, se aprobaron sin contar con el presupuesto asignado para 2026, lo que motivó su anulación.

La directora general del Servicio Civil, Jimena Casasola, aclaró ante los medios que la medida no implica la cancelación automática de todos los contratos laborales heredados, sino que más bien invalida aquellos dictámenes que fueron emitidos sin el debido fundamento jurídico ni disponibilidad presupuestaria, situación que, a su juicio, los hace insostenibles legalmente. Casasola precisó que el propósito es garantizar que la contratación pública se rija por la normativa vigente.

Para implementar estos cambios, cada secretario de Estado y titular de institución pública tendrá la responsabilidad de revisar las contrataciones bajo su competencia, identificando cuáles han sido objeto de dictámenes irregulares y tomando las medidas administrativas correspondientes, de conformidad con la ley.

La decisión ha generado diversas reacciones en el entorno político y administrativo, en un contexto en el que la administración de Asfura encara un ajuste fiscal y de revisión de contratos estatales heredados, así como la obligación de gestionar una transición ordenada tras el cambio de gobierno. Algunos sectores han defendido la medida como una corrección técnica necesaria, mientras que otros han solicitado transparencia para asegurar que no se vulneren derechos laborales legítimos ni se afecten procesos en marcha.

El anuncio se enmarca en un período de intensa actividad gubernamental, donde el nuevo Ejecutivo ha priorizado la revisión de decisiones de la gestión anterior y la reorganización de políticas públicas en temas clave como seguridad, empleo público y sostenibilidad fiscal.